El gobierno del estado cesó de manera temporal esta semana a nueve policías estatales por la supuesta presentación de documentos apócrifos, sin embargo los uniformados señalaron que es una forma de darlos de baja para evitar su jubilación y el pago de un finiquito toda vez que tienen entre diez y 20 años de servicio.

Los elementos acusaron que también recibieron amenazas por parte del responsable jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) para que firmaran su renuncia, porque de lo contrario se les girará orden de aprehensión por los documentos ilegales.

Amagos a uniformados

En una entrevista los policías, quienes prefirieron guardar anonimato, apuntaron que desde el miércoles 18 de febrero fueron citados en las oficinas ubicadas en la calle 10 poniente 906, donde se les exigió que firmaran su renuncia por la presentación de documentos apócrifos.

"El jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública nos amenazaba que si no firmábamos en ese momento nuestra renuncia iban a proceder para que hubiera orden de aprehensión contra nosotros", dijo uno de los oficiales.

Los agentes de seguridad indicaron que los papeles -como actas de nacimiento, certificados de estudios y cartilla militar- por los que se les acusa fueron entregados desde su incorporación a la secretaría, por lo cual es ilógico que más de 20 años después se desconozca su validez.

Como los nueve policías no firmaron, fueron citados el viernes por el licenciado José Eugenio Granillo Domínguez, encargado de despacho de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, quien les dio el oficio donde quedaban suspendidos de manera temporal.

Ante esta situación los nueve afectados buscarán un amparo para regresar a sus labores, antes de que sean separados del cargo de manera definitiva.

Los cambian de categoría

Los policías apuntaron que el viernes 13 de febrero otros 100 compañeros suyos fueron obligados a firmar su cambio de categoría a auxiliares administrativos.

Cabe recordar también que en octubre de 2014 agentes estatales hicieron un paro de labores debido a que 400 de ellos serían destituidos por no aprobar el control de confianza, posteriormente el gobierno del estado informó que permanecerían en sus puestos.

Desde el punto de vista de los oficiales, la SSPE busca cualquier argumento para darlos de baja, pues a algunos de ellos primero se les quiso despedir por no presentar su declaración patrimonial y luego por las pruebas de confianza.

Lo peor es que por estas razones no les ofrecen un finiquito conforme a lo que marca la ley.

Más de 150 policías corren el riesgo de salir de la corporación por no presentar su declaración patrimonial, aunque el documento no se les solicitó con anterioridad.

En octubre de 2012 otros 130 elementos fueron despedidos por reprobar los exámenes de control de confianza. Algunos de ellos ganaron amparos para que se les reubicara en su puesto, pero la acción sigue pendiente.