El Comité de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), en sus observaciones finales sobre México, determinó que las desapariciones se han generalizado en el país, e instó al Gobierno a tomar medidas para prevenir las desapariciones y resolver los casos pendientes.

El CED también emitió recomendaciones específicas al gobierno. Pocas horas después de que el CED publicó sus conclusiones y recomendaciones, el gobierno mexicano contestó a las conclusiones que "no aportan elementos adicionales" para abordar el problema.

"El gobierno mexicano no parece dispuesto a reconocer la gravedad de la crisis, y su posición en relación con estas recomendaciones puede indicar que va a ignorar cualquier crítica a sus estrategias fallidas en materia de seguridad pública. Esta decisión es extremadamente alarmante en el frágil contexto de derechos humanos que enfrenta el país", manifestó Amnistía Internacional.

La organización afirmó que está profundamente preocupada de que la declaración del gobierno implique un rechazo de las recomendaciones del CED. Consideró que con más de 23,000 casos no resueltos de desapariciones, muchos de ellos, casos de desapariciones forzadas cometidas por la policía y las fuerzas militares, las autoridades deberían aceptar asistencia especializada y constructiva proporcionada por los expertos de la ONU.

Las conclusiones finales del CED se incluyen en un documento resultado de una revisión a fondo del país durante su 8vo período de sesiones. En su análisis de la situación, el Comité tuvo en cuenta toda la información relevante presentada por el propio gobierno y por otras partes interesadas, como las víctimas y organizaciones no gubernamentales que trabajan en este tema. La evaluación del Comité saluda avances en el tema pero también incluye preocupaciones respecto a las medidas (o falta de ellas)  hasta ahora implementadas por el gobierno.

El Comité recomendó prevenir los actos de intimidación y hostigamiento hacia los familiares de las personas desaparecidas así como hacia los defensores de derechos humanos que les asisten; la aprobación de una ley general sobre desaparición forzada que cumpla con los estándares internacionales en la materia; bases de datos de ADN de personas desaparecidas y un registro de las desapariciones en el que puedan ser identificados específicamente los casos que constituyen desaparición forzada; un registro confiable de los detenidos y garantías en la búsqueda inmediata de personas desaparecidas reportadas.

Actualmente, todos estos aspectos enfrentan serias fallas que dificultan la investigación y perpetúan la impunidad casi total de estos crímenes.

Amnistía Internacional instó al gobierno mexicano a aceptar pública y oficialmente todas las recomendaciones formuladas por el CED, además de adoptar todas las medidas necesarias para aplicar estas recomendaciones plenamente.

Precisó que la fase de ejecución sólo puede tener éxito con la plena participación de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan junto con ellos.

Amnistía Internacional saludó la petición del CED de visitar México para evaluar la situación. La organización insta a las autoridades mexicanas a resolver con prontitud a la solicitud para dar a los miembros del Comité todas las garantías necesarias para realizar con éxito su tarea.