El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) observó que en México la desaparición de personas es un problema generalizado en gran parte del territorio y que, en muchos de los casos es forzada, es decir, que intervino un servidor público.

Señalo que el "grave" caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de personas desaparecidas.

Criticó la impunidad que persiste en numerosos casos de desaparición forzada ante la casi inexistencia de condenas por este delito, incluso desde la llamada "guerra sucia" de los años setentas.

Al respecto, pidió al gobierno mexicano que localice a la mayor brevedad a todas las personas que hubiesen sido sometidas a desaparición forzada durante la guerra sucia e investigue sin demora a los autores a fin de que sean enjuiciados y sancionados.

Esta mañana, dicho comité de la ONU dio a conocer el informe con las observaciones finales de la comparecencia que sostuvo con miembros del Estado mexicano, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de organizaciones civiles y familiares de víctimas el 2 y 3 de febrero pasados en Ginebra, Suiza.

El Comité expresó su preocupación por la falta de estadísticas precisas sobre el número de desapariciones, lo que impide conocer la verdadera magnitud del flagelo y dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo con efectividad, así como las deficiencias que existen en materia de búsqueda de las personas e identificación de restos.

Conminó a los legisladores a reformar las normas que sean necesarias para que los tribunales militares no intervengan en la investigación de desapariciones cometidas por miembros castrenses en contra de militares para que sean juzgados en el ámbito civil.

Entre sus recomendaciones, dicho órgano de la ONU pidió enérgicamente al Estado reconocer la competencia de este comité para recibir y examinar comunicaciones individuales con miras a reforzar el régimen de protección de las desapariciones forzadas.

Solicitó aprobar a la mayor brevedad una ley general que regule de manera integral los aspectos de desaparición forzada contenidos en la Convención respectiva, en particular aquellos relativos a la prevención, investigación, enjuiciamiento y sanción, así como la búsqueda y situación legal de las personas desaparecidas.

También pidió un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional; tipificar la desaparición forzada a nivel federal y estatal; hacer la búsqueda sin dilación y de manera exhaustiva y que la PGR cuente con unidad fiscal especializada en la investigación de las desapariciones forzadas que cuente con los recursos necesarios.

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