A casi cuatro meses de distancia de que la Contraloría estatal estableció una sanción en contra secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, por violaciones a los derechos humanos de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, esta no se ha cumplido y no hay una fecha establecida para que se cumpla.

Así lo reconoció el titular de la Secretaría de la Contraloría (SC), Malcolm Alfredo Hemmer Muñoz, quien informó que este día envió un nuevo informe a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sobre los avances en la indagatoria de las agresiones a los habitantes de esa junta auxiliar.

Los pobladores fueron desalojados de la autopista Puebla-Atlixco por policías estatales cuando realizaban una manifestación, operativo en el que más de un centenar de personas, entre efectivos y civiles, resultaron lesionados, además de que el niño José Luis Tehuatlie Tamayo fue herido de muerte, por lo que en septiembre la CNDH dirigió una recomendación al gobierno de Puebla, por incurrir en violaciones graves a los derechos humanos.

Tras recibir la recomendación, en octubre de 2014 la Contraloría estableció sanciones a una decena de elementos de la SSP, entre ellos el titular de la dependencia Facundo Rosas Rosas, pero éste impugnó el resolutivo.

Proceso de impugnación aún no concluye

En entrevista concedida este jueves tras acudir al informe de labores del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Roberto Flores Toledano, el contralor dijo que la sanción aún no se cumple, pues el proceso de impugnación que emprendió Rosas no ha concluido.

 Reconoció que al establecer la sanción, señaló que esta debía cumplirse de inmediato, aunque dijo que no existe alguna fecha establecida.

“No podría darles un término, no es como una receta de cocina”, acotó.

Sobre el informe que envió a la CNDH –quien no ha dado por cumplida la recomendación–, Hemmer señaló que esta contiene los avances en la indagatoria sobre la actuación de los policías estatales que participaron en el desalojo, de los cuales, recordó que fueron sancionados nueve.

De los nueve efectivos, seis fueron encarcelados, pero liberados en diciembre pasado, y actualmente se encuentran bajo libertad condicionada.

El contralor añadió que ha resultado complicado llevar a cabo la investigación sobre la actuación que tuvieron los 426 policías que participaron en el operativo de desalojo, pues la Comisión solicitó saber qué hizo cada uno de éstos y quienes son responsables de lesionar a los pobladores.

No obstante, aseguró que trabaja de manera coordinada con la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para indagar los pormenores de la participación de los efectivos.