Al igual que la Contraloría y la Procuraduría General de Justicia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reservó el nombre de los policías sancionados por el operativo del 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan y los detalles de la respuesta del gobierno del estado de Puebla a la recomendación por violaciones graves a los habitantes de esa comunidad.

En respuesta a la solicitud de información pública 00061114, el organismo sólo reveló que la administración estatal integró con cuatro millones de pesos el fideicomiso público para indemnizar a 14 víctimas civiles del desalojo, entre ellas a los familiares del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, herido de muerte por los agentes policiacos.

Fue el 4 de noviembre pasado cuando e-consulta solicitó a la CNDH un informe sobre las sanciones impuestas a los funcionarios estatales con las que la administración estatal atendió la recomendación 2VG/2014, los montos de las multas económicas, tipos de amonestación, periodo de inhabilitaciones y destituciones de sus cargos.

Así como los datos que haya aportado el gobierno de Puebla sobre la creación del Fideicomiso Público denominado “Fondo para el Cumplimiento de la Recomendación 2VG/2014 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, además de una copia electrónica del oficio entregado sobre el cumplimiento de la recomendación.

Tras una prórroga para entregar la información, ésta finalmente fue proporcionada dos meses después, el 8 de enero anterior.

Pide CNDH gestionar datos en Contraloría estatal

Respecto a las sanciones a los funcionarios públicos señalados dentro de la recomendación por violaciones graves, la CNDH indicó que no puede entregar la información debido a que la reservó y clasificó como confidencial, de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental así como el reglamento interno del organismo.

La Comisión aconsejó solicitar los datos a la Secretaría de la Contraloría del estado de Puebla, al argumentar que es la autoridad facultada para ello.

Sin embargo esta dependencia y la Procuraduría General de Justicia en la entidad reservaron desde noviembre la información sobre los castigos a los funcionarios y los recursos para las víctimas del operativo policiaco.

Tasan en 4 mdp monto para indemnizar a víctimas

La respuesta de la CNDH sólo indica que el gobierno de Puebla integró con una aportación inicial de 4 millones de pesos el “Fondo para el Cumplimiento de la Recomendación 2VG/2014” para pagar las indemnizaciones y reparar el daño a las víctimas, sin embargo se negó a especificar el número y nombres de los beneficiarios.

“Se le precisa que no es posible proporcionarle los nombres de las víctimas, toda vez que se tratan de datos personales que conciernen a personas físicas identificadas e identificables, de carácter reservado y confidencial”, se indicó.

Cabe señalar que en la recomendación 2VG/2014 se hace alusión a 14 víctimas identificadas por la CNDH, entre las que se encuentra el menor José Luis Tehuatlie Tamayo, quien recibió el golpe de un cilindro de gas lacrimógeno y 10 días después falleció.

Otras personas sufrieron lesiones graves como fracturas, pérdidas de la vista y el habla, según lo documentó la propia Comisión.

Fue el 17 de octubre cuando el gobierno estatal citó, apenas con tres horas de anticipación, a las víctimas del operativo a un acto en la ciudad de Puebla para ofrecer disculpas y notificarles los montos de indemnización, sin embargo al no acudir por la premura del tiempo, nunca se les dieron mayores detalles.

Oficio tachado

La CNDH proporcionó una copia pública del oficio JOG/0016/2014, con el que Juan Pablo Piña Kurczyn, jefe de la oficina del gobernador Rafael Moreno Valle, notificó el 23 de octubre que la administración estatal cumplió los 11 puntos de la recomendación.

Sin embargo el organismo defensor tachó los apartados con los nombres y sanciones de los funcionarios involucrados.

En las partes visibles del documento sólo se asienta que el gobierno de Puebla inició los procesos contra diversos funcionarios estatales y creó la Fiscalía Especial para la Investigación de los hechos ocurridos el 9 de julio.

Además reservó los apartados en los que se mencionan los nombres y cargos de los funcionarios a quienes se les inició un proceso ante la PGJ, así como los detalles del inicio de las investigaciones ministeriales del caso.

En el punto 3 se da cuenta de la creación del fideicomiso para víctimas, a las que se emitieron cheques por indemnización y reparación de daños, pero se ocultan los nombres y montos.

Sobre el evento para ofrecer disculpas, el gobierno estatal asegura que invitó a los agraviados, a sus familiares y medios de comunicación, para lo cual entregó constancias elaboradas por funcionarios estatales, fotografías, video y dos notas informativas publicadas en El Sol de Puebla y Síntesis.

Juan Pablo Piña notificó además que se compraron 156 cámaras portátiles de grabación para que los policías las utilicen durante sus operativos.

Para consultar el oficio completo haga clic aquí.