Organizaciones sociales consideraron "desafortunada" la designación de María Gabriela Sierra Palacios como integrante de la CAIP, debido a los vínculos que tiene con el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, con el cual trabajó cuando fue secretario de Finanzas y Desarrollo Social en la entidad.

A través de un posicionamiento, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Actívate por Puebla, México Infórmate, Puebla Vigila y Colectivo por la Transparencia, señalaron que Sierra Palacios llegó vinculada al "grupo político que ha ocupado posiciones de primer nivel tanto en el gobierno del estado como en el Congreso local".

El pasado 11 de diciembre María Gabriela Sierra fue electa como integrante de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), por el periodo 2015-2021. Mientras que Graciela Miranda Blumenkron será su suplente.

Si bien las asociaciones de transparencia indicaron que la ahora comisionada podrá demostrar su independencia del Ejecutivo del estado, la CAIP necesitaba un perfil más cercano a la sociedad y con una trayectoria destacada por la defensa del derecho de acceso a la información.

“Proceso siempre estuvo viciado”

En el posicionamiento, la AMEDI, Actívate por Puebla, México Infórmate, Puebla Vigila y Colectivo por la Transparencia, destacaron que la LIX Legislatura del Congreso de Puebla perdió su oportunidad de abonar al fortalecimiento de la CAIP, con lo cual es "cómplice de la captura de esta institución por parte del Ejecutivo estatal".

Además de que el Legislativo y la propia CAIP condujeron un proceso viciado de origen y violatorio de la ley, debido a que en la fracción I del artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla (LTAIPEP), la Junta de Gobierno del Congreso debió emitir la convocatoria durante la tercera semana de octubre, tanto en los portales del Congreso como la CAIP y en los tres diarios de mayor circulación en Puebla, donde se establecieran los plazos, lugares y horarios de presentación de las propuestas, los requisitos y la forma de acreditarlos.

Sin embargo, el Congreso atrasó el proceso para consultar con un asesor jurídico si la actual integrante, Alexandra Herrera Corona, podía o no participar. Finalmente la convocatoria fue lanzada el 24 de noviembre.

Asimismo criticaron que la elección haya sido opaca, pues no se transmitieron las preguntas y las respuestas de los aspirantes durante sus comparecencias, además de que el proceso no se abrió a la sociedad civil.

El documento finaliza al señalar que: "Este proceso de designación confirma la nula capacidad de diálogo del Congreso de Puebla con todos los actores sociales, así como la necesidad de avanzar hacia un esquema de parlamento abierto que privilegie la deliberación pública y la participación".