En la universidad Iberoamericana (UIA), organizaciones defensoras de los derechos humanos exigieron al gobierno de Puebla la liberación de 8 mujeres consideradas presas de conciencia.

Durante la lectura de la plenaria realizada por Lourdes Pérez Osegurea, integrante del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, Ofelia Pastrana y Adriana Paola Palacios Luna aseguraron que a campesinas y comisariadas ejidales se les fincaron procesos plagados de irregularidades.

De acuerdo con Pérez Oseguera, estos arrestos intentan silenciar demandas legítimas por derechos fundamentales.

Detenciones arbitrarias

En junio, María Luisa Josefina Nava Nezahualcóyotl, de 64 años de edad, María de los Ángeles Cóyotl Nava, Juana Macuil Coyotl y Angélica Macuil Coyotl, pobladoras de la junta auxiliar de San Antonio Cacalotepec, perteneciente al municipio de San Andrés Cholula, fueron detenidas por exigir mejor servicio de los camiones alimentadores del Metrobús.

La defensa de Juana y Angélica argumentó que ellas no participaron en la manifestación, sino que trataron de cortar camino, atravesando al contingente que protestaba. Hasta la fecha, las cuatro mujeres después de pagar una multa de más de cien mil pesos, continúan con el proceso, pues no ha sido concedida su libertad absoluta.

De acuerdo con Pérez Oseguera, la primera presa de conciencia de 2014 fue Elvia Velázquez Ramírez, quien fue detenida en marzo junto con 20 pobladores de la junta auxiliar de San Juan Amecac, por manifestarse y reclamar el triunfo de Feliz Cazales Díaz en las elecciones del 7 de julio de 2013. La mujer fue detenida luego de salir de Casa Aguayo, donde había llevado a cabo una mesa de negociación para tomar acuerdos tras el conflicto electoral que movilizó a toda la población.

Opositora al Gasoducto

En abril se registró la detención de la ex comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan y líder campesina de 60 años, Enedina Rosas Vélez, quien fue encarcelada en el penal de Atlixco por negarle el derecho de vía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para la construcción de un gasoducto que forma parte del Proyecto Integral Morelos.

Enedina fue acusada de robar carísimos celulares a los representantes de la empresa. Gracias a la intervención del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustrín Pro-Juarez, a Enedina le fue dictado arraigo domiciliario y no puede acercarse a puertas ni ventanas en su domicilio.

Coronango

En el mes de mayo, durante un decomiso de mototaxis realizado en Coronango, pobladores y policías se enfrentaron a golpes, dejando como saldo una patrulla quemada y seis heridos. Casilda Dávalos Pajarito, edil auxiliar  fue acusada de haber “alborotado” a la gente para que reaccionaran de forma agresiva.

A María Porfiria Jerónimo Flores Tlamintzi, de 70 años de edad, se le acusó del despojo de tierras junto con su esposo Delfino Flores Melga, de 90 años de edad, quien murió este año en el penal San Miguel.

Para Adriana Paola Palacios Luna, líder e integrantes del Centro de Asesoría y Desarrollo de Mujeres (CADEM), las detenciones realizadas por este gobierno son un claro signo de represión social y una criminalización de la protesta que vulnera los derechos de todos los ciudadanos.

En Puebla, retroceso en los objetivos del milenio

En la Universidad Iberoamericana, mujeres pertenecientes a diversas organizaciones y colectivos elaboraron mesas de trabajo para preparar el informe Alterno Beijin +20, en el que hicieron un repaso a los avances y retrocesos de la política gubernamental en Puebla en el Plan de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en China en 1995, que obligó al gobierno mexicano a garantizar a las mujeres igualdad, no violencia y la no discriminación, entre otros 12 puntos.

Paola Palacios Luna adelantó que la evaluación de Puebla podría estar entre los peores estados del país, pues los compromisos sólo se han cumplido en papel, e incluso han mostrado una reversa en los derechos para las mujeres.

Esta relatoría será compilada en varias semanas en el Distrito Federal para visibilizar las realidades del país y mostrar un balance hecho desde la población civil a la plataforma e identificar la agenda post 2015.