El retraso en la convocatoria para elegir al nuevo integrante de la CAIP, debido a la solicitud de reelección que hizo comisionada Alexandra Herrera Corona, es "inequitativo" para el resto de los aspirantes, señaló la representante de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) en Puebla, Lilia Vélez Iglesias.

La asociación, junto con Actívate por Puebla, México Infórmate, Puebla Vigila y Colectivo por la Transparencia, lanzó este lunes un segundo pronunciamiento por el atraso en la convocatoria.

El 15 de noviembre venció el plazo

Las organizaciones sociales mencionan que el Congreso del estado violó por segunda ocasión la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla (LTAIPEP), esto debido a que a tres semanas de que termine el periodo legislativo en curso y con más de un mes de retraso no se ha hecho pública la convocatoria.

De acuerdo con lo establecido en la fracción IV del artículo 68 de dicha ley, el 15 de noviembre era el último día para que los interesados presentaran sus propuestas. A partir de esa fecha los legisladores debieron valorar que los candidatos cumplieran los requisitos correspondientes, para luego citarlos a comparecer frente a los integrantes de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información.

Sin embargo, dicho proceso no se ha llevado a cabo debido a que el Congreso quiere la opinión de un asesor jurídico para ver si es viable o no la reelección Herrera Corona. Según el diputado Marco Antonio Rodríguez Acosta la espera no representa un incumplimiento de la ley por parte de los legisladores, sino que dará certeza al proceso.

Congreso incumple con legislación

Cuestionada al respecto, Vélez Iglesias comentó que la ley establece los plazos para lanzar la convocatoria a fin de nombrar al nuevo miembro de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP).

Por lo cual la postura del Congreso es una clara violación a la norma, además de que reduce el tiempo para hacer un proceso transparente, con participación de la sociedad civil y revisar de manera adecuada los perfiles de los candidatos.

Para la representante de AMEDI esto genera que el proceso esté "viciado de origen", cuando lo que se necesita es un comisionado que tenga respaldo social.

"Lo que nosotros sostenemos es que no debieron retrasar la emisión de la convocatoria, sino que debieron emitirla y, en su caso, una vez que se emitiera analizar la solicitud de la comisionada con el resto de los participantes (...) Frenar un proceso que está claramente establecido a petición de una persona pone en inequidad al resto de los participantes", sostuvo la también académica.