El secretario General de Gobierno (SGG), Luis Maldonado Venegas, deslindó al gobierno estatal de las detenciones de los ediles adjuntos de Canoa, Raúl Pérez Velázquez, y La Resurrección, Leonardo Báez Serrano, al señalar que son temas del municipio de Puebla.

Los presidentes auxiliares interpusieron sendos amparos contra la reforma a la Ley Orgánica Municipal que se aprobó en diciembre de 2013, debido a que con ella ya no pueden ejercer funciones de jueces civiles, además de que tampoco tienen Ministerio Público adjunto, ni jueces de paz o seguridad comunitaria.

Durante la reunión para elegir al Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, al que se afilió en mayo de este año, Maldonado Venegas fue cuestionado sobre los arrestos, a lo cual respondió: "la secretaría no tiene intervención, son temas judiciales del municipio y de algunos actores de los órganos jurisdiccionales".

Sin embargo, familiares de los detenidos han manifestado a los medios de comunicación que estando en la cárcel han recibido presiones del propio gobierno estatal para que desistan de sus amparos contra la reforma legislativa.

Incluso diputados federales denunciaron que la detención de Pérez Velázquez fue totalmente arbitraria, pues al momento de su aprehensión -el pasado 31 de octubre- tenía un amparo contra cualquier orden de detención.
 
Pasan la bolita a los ayuntamientos

Con respecto a las negociaciones que la SGG sostiene con la Coordinación Estatal por la Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP), el funcionario estatal comentó que sí se plantea la regularización del servicio de registro civil, aunque dicha organización sólo pudo acreditar la afiliación de siete presidentes auxiliares que se oponen a la administración estatal.

Al momento sólo quedan 30 municipios de "manera excepcional" donde no se ha reinstalado el servicio, aunque el funcionario no detalló cuáles son estas comunidades.

Cabe señalar que el pasado 30 de septiembre la CEDIP anunció un convenio con el gobierno del estado para que vuelvan los registros civiles a 208 comunidades, aunque eso no implica que dejen de luchar para que se abrogue la reforma a la Ley Orgánica Municipal.

El convenio consiste en que el gobierno poblano les dará licencia a los presidentes auxiliares para que operen los registros civiles, pero no regresarán los jueces de paz ni los policías comunitarios o los agentes subalternos del Ministerio Público.

De acuerdo con Luis Maldonado los ediles adjuntos nunca perdieron la facultad de jueces civiles y esos argumentos sólo tuvieron "validez mediática", porque en la reforma a la ley orgánica sólo determinó que las juntas auxiliares sean órganos desconcentrados de los municipios, pero no limita a que los ayuntamientos puedan encomendar tareas de seguridad o administrativas.

"Nunca se dio instrucción de que se retiraran los servicios de las juntas auxiliares, pero lo que sí tuvimos que hacer, porque así lo mandataba claramente la ley, es que cualquier tipo de responsabilidad sobre la prestación de los servicios auxiliares recayera en los ayuntamientos", finalizó.