Protestas, marchas e indignación ciudadana sobre las versiones del crimen organizado en torno a la muerte e incineración de 43 normalistas de Ayotzinapa chocan con las revelaciones de excesos y abusos de poder de las autoridades de los tres niveles de gobierno en el país en la última semana.

El pasado viernes el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, reveló que integrantes del grupo conocido como Guerreros Unidos confesaron los crímenes de los estudiantes normalistas de Guerrero, cuyos cuerpos fueron quemados y sus restos esparcidos en un río.

A raíz de la revelación, el sábado se produjo una marcha en la ciudad de México para exigir al gobierno federal la ubicación de los estudiantes, ya que aún se les considera como desaparecidos.

Sin embargo un grupo que acompañó a la movilización ciudadana prendió fuego a la puerta del Palacio Nacional, y despertó las sospechas sobre que el acto fue alentado por las autoridades federales para desacreditar el movimiento.

Este martes las oficinas del PRI en Chilpancingo y Tlapa, Guerrero, fueron incendiadas por normalistas y maestros de la CETEG mientras que las del PAN, PRD y PANAL fueron atacadas de manera similar en el estado Michoacán.

Ya por la noche el equipo de expertos forenses argentinos que colaboran en la investigación de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa informó que tras analizar 24 restos hallados en fosas de Pueblo Viejo, en Iguala, ninguno corresponde a los normalistas que se desaparecieron desde hace más de un mes, pero tampoco se sabe a quién pertenecen.

Vuelo al oriente

En medio del clima de crispación, el presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera partieron a China para participar en una reunión del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC).

Sin embargo el periplo fue marcado por llevar como integrante de su comitiva al maquillista de la primera dama, mientras que en México, la hija de Rivera, Sofía Castro, declaró que era más importante para ella recibir el premio “Arlequín” que tocar el tema de Ayotzinapa.

Mansión causa “interés social”

El fin de semana los portales Aristegui Noticias y Proceso revelaron la existencia de una mansión valuada en 86 millones de pesos, atribuida al presidente de México, ubicada a espaldas de la casa de la primera dama.

La presidencia de la República indicó que el inmueble también es propiedad de Angélica Rivera, aunque no aclaró el por qué está registrada a nombre de una filial del grupo empresarial Higa, que hizo obras y rentó aeronaves en el estado de México durante la gestión como gobernador de Enrique Peña Nieto.

Este martes se dio a conocer además que la primera casa le fue regalada a la ex actriz por la empresa Televisa debido a su boda con el mexiquense.

Gobernador y banquero en Chihuahua

A estas revelaciones se sumó la del gobernador César Duarte Jáquez y su esposa Bertha Olga Gómez Fong, quienes habrían adquirido, por más de 65 millones de pesos el 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso de Chihuahua, S.A. de C.V., institución financiera que el mismo mandatario se ha encargado de promocionar como logro de su gestión.

El activista Jaime García Chávez interpuso una denuncia ante la fiscalía general del Chihuahua para que se investigue al mandatario local por los delitos de “peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, así como uso indebido de atribuciones y facultades”.