El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) será quien determine si proceden o no los 13 mil 922 registros de afiliación masiva que Rafael Micalco Méndez, líder estatal del PAN, no logró impugnar ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP).

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) actualmente tiene bajo estudio 353 demandas que presentó el partido en Puebla, las únicas que pudo iniciar de los 14 mil 275 registros que aprobaron los magistrados locales el 6 octubre.

Cabe señalar que Acción Nacional buscó impugnar todas las adhesiones, sin embargo al encontrarse en las instalaciones del TEEP el 10 de octubre, a sus abogados les fue notificada una supuesta amenaza de bomba, por lo que el inmueble fue desalojado sin que se completara el proceso.

Durante una rueda de prensa celebrada la mañana de este martes, Micalco Méndez precisó que platicó con Ricardo Anaya Cortés, presidente interino nacional del PAN, para que sea la dirigencia nacional la que estudie el caso de la afiliación corporativa.

“La determinación de lo que se haga con el resto de ciudadanos que se afiliaron al PAN por este mecanismo que no son los 300 le corresponde al CEN, ese tema ya lo puse en manos de ellos, ellos determinarán que proceda, ya hice mi parte, el resto le toca al CEN a través del Registro Nacional de Miembros”.

Las 353 demandas ingresaron el martes 14 de octubre a la Sala Superior del TEPJF y fueron las únicas que Micalco Méndez logró interponer ante el órgano jurisdiccional federal, luego de que personal del TEEP desalojó de las instalaciones a Jorge Jiménez, director jurídico del partido, con el argumento de que existía una amenaza de bomba.

Debido al proceder del TEEP, el líder estatal presentó el jueves pasado ante el Congreso una solicitud de destitución e inhabilitación de los magistrados Francisco Javier de Unanue y Bretón, Claudia Barbosa Rodríguez y Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo.

Asimismo, dijo que una vez que el TEPFJ emita una sentencia por los 353 juicios de revisión constitucional electoral, se definirán las acciones a promover para que los magistrados abandonen los cargos que ocupan desde diciembre de 2012.