La Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE) no investigará las violaciones a las garantías individuales de los cinco pobladores de Chalchihuapan que fueron detenidos el pasado sábado en la madrugada mediante un operativo de la Policía Ministerial.

El organismo informó que no ha iniciado ningún proceso contra las autoridades estatales, ya que ninguno de los detenidos presentó queja. Inclusive señaló que ni siquiera abrirá un expediente por iniciativa propia para indagar cómo se llevaron a cabo las aprehensiones.

Lo anterior, justificó, se debe a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) asumió el caso desde los hechos ocurridos el pasado 9 de julio, cuando granaderos y habitantes de la comunidad se enfrentaron en el kilómetro 16 de la Vía Atlixcáyotl.

Personal de la Sexta Visitaduría de la CNDH llegó el domingo a Chalchihuapan con el fin de recorrer la localidad y documentar las intimidaciones a cinco familias que sufrieron amenazas de muerte y vejaciones por parte de agentes de la Policía Estatal y Ministerial de Puebla.

Florentino Tamayo Ponce, Raúl Contreras Montes, Fausto Montiel García, Vicente Juárez Varela y Álvaro García Xelhua fueron detenidos mediante órdenes de aprehensión la madrugada del sábado, alrededor de las 4:00 horas, cuando ministeriales ingresaron a la comunidad para irrumpir en los domicilios de los habitantes.

Los ministeriales también catearon el domicilio de Javier Montes Bautista, el edil de la población, quien no se encontraba en esos momentos, pues huyó luego que se difundió el rumor de que irían a buscarlo.

Al capturar a estas personas, los policías golpearon a quienes intentaron defender a sus familiares e hicieron destrozos en las casas, donde rompieron las chapas, muebles y rejas.

A los cinco se les señala de haber participado en el enfrentamiento del 9 de julio que dejó más de 100 lesionados y la muerte del niño José Luis Tehuatlie. Por ese motivo, se les acusa de los delitos de tentativa de homicidio, ataques a las vías de comunicación y ataques a servidores públicos.

De acuerdo con los abogados de los detenidos, el próximo viernes 24 de octubre el juez de Cholula resolverá su situación legal, toda vez que se solicitó ampliación del término constitucional con el fin de aportar pruebas de su inocencia.