La controversia por el manejo de recursos en el CBTis 86 de Huauchinango volvió a intensificarse durante la tercera reunión entre el Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP), el director del plantel y padres de familia, quienes solicitaron una explicación puntual sobre los gastos realizados para la clausura de la generación 2023-2026. Durante el encuentro se expusieron diversos cuestionamientos relacionados con la administración de recursos económicos.

En la reunión, realizada entre intercambios de señalamientos y diferencias entre integrantes del comité, surgieron nuevas dudas sobre presuntas inconsistencias en la rendición de cuentas. Entre los temas abordados figuraron ingresos extraordinarios administrados por la contraloría escolar, la emisión de recibos con sello, pero sin folio ni concepto, así como la petición de transparentar el destino de diversos recursos obtenidos durante actividades escolares.

Los asistentes también solicitaron aclarar las cuentas correspondientes a la rifa de un automóvil organizada con motivo del aniversario del plantel, además del financiamiento de un mural valuado en aproximadamente 200 mil pesos, para el cual estudiantes habrían aportado una cuota de 50 pesos. De igual forma, pidieron conocer el manejo de los recursos recaudados durante una cena-baile conmemorativa.

Otro de los puntos que generó inconformidad fue la adquisición de 29 relojes inteligentes (Smart Watch), cuya compra fue relacionada por algunos participantes con un proveedor identificado como familiar de personal de la contraloría. Asimismo, se cuestionó la contratación de estolas por un monto cercano a los 80 mil pesos, al señalarse que el gestor o proveedor sería un trabajador del propio plantel, situación que algunos consideraron incompatible con las normas administrativas.

El conflicto inició en octubre de 2025, cuando padres de familia denunciaron presuntas presiones para que estudiantes vendieran boletos de una rifa, al asegurar que existían señalamientos sobre un posible condicionamiento de calificaciones. Posteriormente, en febrero de 2026, trabajadores sindicalizados acusaron públicamente al director Ricardo Quiroz Arroyo de supuestas irregularidades administrativas relacionadas con el manejo de recursos, la asignación de plazas y la operación del comité escolar.

Hasta el momento, ninguna autoridad educativa ha informado sobre auditorías concluidas o resoluciones que acrediten las presuntas irregularidades expuestas por padres de familia y trabajadores. Tampoco se ha dado a conocer un pronunciamiento oficial por parte de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) respecto a los señalamientos.

Mientras tanto, la comunidad escolar continúa exigiendo que se presenten estados financieros, comprobantes de ingresos y egresos, así como documentación que permita esclarecer el destino de los recursos administrados por el CEAP. Padres de familia insistieron en que la transparencia fortalecerá la confianza en la institución y permitirá dar certeza sobre el uso del patrimonio aportado por la comunidad educativa. (KR)