La diputada del Revolucionario Institucional (PRI), Delfina Pozos Vergara, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de del Agua que obliga a los organismos prestadores del servicio público a reparar daños y desperfectos en vialidades de los municipios donde lleven a cabo sus obras.

Dicha iniciativa se lanzó cuatro días después de que el gobernador Alejandro Armenta Mier expresó sus molestias contra Agua de Puebla porque reventó un tramo de la calle 24 Sur que recién repavimentó su administración para una reparación de drenaje.

 El gobernador de #Puebla, Alejandro Armenta, adelantó que se aplicarán sanciones a la concesionaria @AguadePuebla por las afectaciones ocasionadas en vialidades que recientemente fueron rehabilitadas por su administración.@Manu_Cuellar10 pic.twitter.com/bcdhYjZAqR

— Periódico e-consulta (@e_consulta) June 22, 2026

Para frenar las calles destrozadas, zanjas abiertas y pavimentos hundidos que dejen en calles y avenidas las obras hidráulicas de las empresas proveedoras del servicio de agua potable en los 217 municipios poblanos se propuso lo siguiente.

• Reformar fracciones II y III del artículo 129
• Adicionar el artículo 32 Bis
• Adicionar la fracción IV al artículo 129

¿De qué va la nueva reforma a la Ley del Agua en Puebla?

“La ciudadanía paga dos veces por las malas intervenciones: primero mediante las tarifas del servicio de agua y después mediante calles destruidas que terminan siendo reparadas con recursos públicos municipales", argumenta el documento de la propuesta.

El Artículo 32 Bis señala que las empresas de agua ya no podrán argumentar reparaciones urgentes para romper vialidades sin autorización, salvo en casos de emergencia que deberán reportar 24 horas antes.

Con la adición en el Artículo 129 clasificarán formalmente el incumplimiento de las obligaciones de los prestadores de servicio como una infracción grave; ayuntamientos o gobierno estatal podrían aplicar sanciones administrativas, multas e incluso fincar responsabilidades civiles.

Si dan luz verde a la reforma además de que legalmente todos los prestadores del servicio —incluidas empresas concesionarias privadas— pagarán por los daños que ocasionen a infraestructura, deberán garantizar que sus reparaciones duren al menos un año.

(JRLM)