Lo que comenzó como un accidente vial terminó convirtiéndose en un caso que hoy genera indignación, cuestionamientos y un fuerte reclamo ciudadano hacia las autoridades encargadas de procurar justicia y garantizar el bienestar animal en Puebla.

Desde hace casi 36 horas, un caballo gravemente lesionado tras ser atropellado permanece agonizando sin que se haya autorizado la eutanasia humanitaria recomendada por un médico veterinario, mientras asociaciones protectoras, ciudadanos y el propio propietario denuncian presuntas omisiones, desinformación y falta de sensibilidad institucional.

 Casi 36 horas de agonía: asociaciones animalistas denuncian presunta omisión de autoridades en el caso de un caballo atropellado en #Hueytamalco. Acusan burocracia y falta de coordinación institucional que habrían prolongado el sufrimiento del animal, por lo que piden la… pic.twitter.com/aWUivu9JJJ

— Periódico e-consulta (@e_consulta) June 16, 2026

De acuerdo con los testimonios recabados, alrededor de las 6:00 de la mañana del pasado lunes, un automovilista que presuntamente conducía en estado inconveniente impactó por la parte trasera al equino y a su montador, dejándolos tendidos sobre el asfalto.

El jinete sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada; sin embargo, la situación del caballo derivó en una crisis que evidenció, según denunciantes, la ausencia de protocolos claros y decisiones oportunas.

Un médico veterinario que revisó al equino determinó que presentaba múltiples fracturas, heridas severas y traumatismos en distintas partes del cuerpo, lesiones incompatibles con una recuperación favorable, por lo que recomendó practicar de inmediato la eutanasia humanitaria para evitar un sufrimiento prolongado e innecesario.

No obstante, según las denuncias públicas, personal del Ministerio Público de Hueytamalco habría impedido la realización del procedimiento, argumentando que podría configurarse como maltrato animal y advirtiendo que cualquier responsabilidad recaería sobre el propietario del caballo y el médico veterinario que ejecutara la intervención.

Desde entonces, el animal permaneció inmovilizado sobre la carpeta asfáltica durante varias horas, incapaz de incorporarse debido a la gravedad de sus lesiones. Fue hasta aproximadamente la 1:00 de la madrugada cuando vecinos y el dueño lograron moverlo a un costado de la carretera, después de permanecer prácticamente un día completo expuesto al dolor.

Al cierre de esta edición, el caballo continuaba postrado y bajo vigilancia policial, sin que, de acuerdo con los denunciantes, se permitiera actuar a quienes buscaban poner fin a su agonía.

“TENEMOS LAS MANOS AMARRADAS”

Luis Eduardo López, integrante de la asociación protectora de animales Bioanimal Venture, calificó la situación como un reflejo de la incapacidad institucional para atender casos que requieren decisiones inmediatas sustentadas en criterios médicos.

“Es una situación lamentable en la que se denota la incapacidad de nuestras autoridades, específicamente del Ministerio Público de Hueytamalco, donde no permiten que se ejerza ningún tipo de procedimiento hacia el caballo, que presenta lesiones que dificultarán mucho su recuperación”, expresó.

El activista señaló que tanto el propietario del animal como el médico veterinario estaban preparados para proceder conforme a la recomendación profesional desde el primer momento; sin embargo, la intervención fue detenida por la autoridad ministerial.

“Lo que nos tiene desconcertados y con las manos amarradas es no poder ayudarlo porque la fiscalía no lo permite. Ellos comentan que tiene que llegar Protección Animal y que ellos definirán el proceso debido, lo cual no está dentro de la ley. El sufrimiento que está padeciendo ahorita el caballo, después de más de 24 horas agonizando, lastimándose más porque es un animal de gran tamaño que intenta moverse, es más maltrato y más crueldad que ponerlo a descansar”, sostuvo.

Añadió que diversas asociaciones protectoras intentaron colaborar para resolver la situación; sin embargo, la falta de coordinación entre dependencias impidió actuar con oportunidad.

“Se van pasando la bolita y a nosotros nos dificulta ejercer el debido procedimiento. Nunca habíamos visto una situación así. Respetamos los procesos legales y siempre tratamos de actuar conforme a la ley, tanto para proteger a los animales como cuando existen responsabilidades de los tutores, pero sí llama mucho la atención dejar pasar tanto tiempo y no permitir actuar al dueño, al médico veterinario ni a quienes queremos ayudar”, afirmó.

De acuerdo con Bioanimal Venture, fue el propio dueño del caballo quien pidió ayuda desesperadamente al ver que ninguna autoridad resolvía el caso mientras el animal continuaba sufriendo.

PIDEN INTERVENCIÓN DEL GOBERNADOR

Ante la falta de una solución inmediata, asociaciones protectoras y ciudadanos hicieron un llamado público al gobernador del estado, Alejandro Armenta, recordando que durante su administración ha manifestado en reiteradas ocasiones su respaldo a la protección y bienestar de los seres sintientes.

Los denunciantes solicitaron su intervención para revisar de manera urgente la actuación de las autoridades involucradas y permitir que prevalezcan los criterios médicos y humanitarios recomendados por especialistas.

“Pedimos la intervención del gobernador Alejandro Armenta porque sabemos del respaldo que ha expresado hacia los seres sintientes. Lo único que buscamos es que este caballo deje de sufrir. Cada hora que pasa sin una resolución incrementa su agonía”, expresaron.

Asimismo, señalaron que, hasta este momento, ni la Fiscalía General del Estado ni las instancias estatales competentes en bienestar animal habrían contribuido a resolver la situación del equino, el cual permanece tendido en el mismo lugar donde ocurrió el accidente o en sus inmediaciones, soportando un prolongado cuadro de dolor derivado de las lesiones que presenta.

ENTRE LA LEY Y LA OMISIÓN

El caso ha abierto un debate sobre la aplicación de los protocolos legales cuando un animal presenta lesiones irreversibles y especialistas veterinarios consideran que la eutanasia humanitaria representa la opción más compasiva.

Para activistas y ciudadanos, la protección de los seres sintientes no debe limitarse únicamente a sancionar actos de crueldad deliberada, sino también a evitar que la burocracia, la descoordinación institucional o el temor a asumir decisiones administrativas terminen prolongando innecesariamente el sufrimiento de un ser vivo.

La indignación social radica en que, mientras autoridades discuten competencias y responsabilidades, un caballo con múltiples fracturas y traumatismos continúa agonizando, sin que exista una respuesta clara sobre quién debe actuar y bajo qué criterios.

Al cierre de esta edición, ni el Ministerio Público de Hueytamalco, ni la Fiscalía General del Estado, ni las áreas estatales competentes en bienestar animal habían emitido una postura oficial que esclareciera los motivos por los cuales no se permitió ejecutar el procedimiento recomendado por el médico veterinario.

Mientras tanto, la pregunta que permanece entre rescatistas, defensores de los animales y ciudadanos es contundente: ¿proteger a los seres sintientes significa únicamente castigar el maltrato cuando éste ya ocurrió, o también actuar con humanidad para impedir que el dolor se prolongue innecesariamente? (JH)