Padres de familia de la Telesecundaria Miguel Hidalgo, ubicada en la junta auxiliar de San Francisco Tepeyecac, municipio de San Martín Texmelucan, denunciaron presuntas irregularidades cometidas por el supervisor de la Zona Escolar 027 de Telesecundarias Estatales, Rafael Castellanos Zavaleta.

Entre los señalamientos destacan cobros bajo el concepto de "aportación para la supervisión escolar", situación que consideran ilegal y por la cual exigen una investigación transparente por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Los inconformes, quienes pidieron el anonimato para evitar represalias, entregaron a este medio documentación y testimonios en los que acusan al supervisor de abuso de autoridad, falta de apoyo a la comunidad escolar y exigencia de aportaciones económicas.

"Queremos que se respete el debido proceso, que nos informen qué ocurrió con la investigación y que exista transparencia", expresaron.

De acuerdo con los denunciantes, Castellanos Zavaleta se había comprometido a gestionar personal de intendencia para el plantel, pero retiró el apoyo tras diferencias con la comunidad educativa, lo que generó inconformidad entre docentes y tutores.

"Se vulnera el interés superior de la niñez al limitar actividades que contribuyen a su desarrollo integral", señalaron.

Uno de los señalamientos principales corresponde a las aportaciones económicas: los padres de familia aseguran contar con recibos firmados y sellados por la supervisión bajo el concepto de "aportación de supervisión escolar"; no obstante, afirman desconocer el destino de esos recursos, pues aseguran que nunca se rindieron cuentas.

Asimismo, acusaron que el supervisor dejó sin respaldo a estudiantes que participarían en eventos deportivos en diciembre de 2025, situación que afectó directamente a niñas y niños que ya se encontraban en proceso de entrenamiento.

"Los alumnos estaban listos para competir y de repente se quedaron sin apoyo", refirieron los inconformes.

Ante estas situaciones, el 9 de febrero solicitaron la intervención de la SEP y del Órgano Interno de Control. Aunque se notificó el inicio de una investigación administrativa, los padres señalan que la respuesta oficial se centró únicamente en justificar recursos para actividades deportivas, sin atender la denuncia principal sobre las aportaciones a la supervisión escolar.

La inconformidad se intensificó cuando, pese a que se informó que el supervisor había sido separado temporalmente de sus funciones, fue reincorporado sin que los padres recibieran una resolución formal.

"Consideramos que hay indicios de encubrimiento porque no se nos ha dado una respuesta clara sobre nuestras denuncias", afirmaron.

Finalmente, hicieron un llamado a la SEP estatal para que garantice una investigación imparcial y esclarezca el destino de los recursos recaudados. (KR)