Con un cambió de juez sin autorización del Consejo de la Judicatura, una audiencia sin registro de audio ni video y sin avisar a los familiares de Karla López Albert intentaron modificar la sentencia contra Manuel Forcelledo Nader, a quien declararon culpable del feminicidio de Karla en 2014.

A 12 años del asesinato por razones de género, ayer se dio a conocer el intento de liberación de Manuel Forcelledo Nader, quien debía pasar 76 años de cárcel por los delitos de feminicidio, aborto y violación.

El cambio en la sentencia se intentó el 12 de mayo, tras una audiencia en que se determinó sustituir la prisión por firma periódica y la colocación de un brazalete electrónico.

La decisión la tomó la secretaria de acuerdos del juzgado, Angélica Rodríguez Zamora, luego de que el juez titular, Enrique Romero Razo, solicitó licencia del 11 al 14 de mayo y presuntamente designó a su suplente, pero sin autorización del Consejo de la Judicatura.

De la audiencia no existe registro de audio ni video. Tampoco se notificó a la familia de Karla López Albert sobre su realización. Ante estas irregularidades detectadas, el Consejo de la Judicatura informó el inicio de una investigación.

Por ello, pese a la resolución judicial, reportes señalaron que Manuel Forcelledo Nader no abandonó el penal de San Pedro Cholula donde permanece recluido ya que el procedimiento quedó revocado.

¿Qué ocurrió con Karla López Albert en 2014?

De acuerdo con información disponible del caso, Karla López Albert y Manuel Forcelledo Nader se conocieron en junio de 2013 en el antro ‘La Chilanguita’, donde iniciaron una relación sentimental.

Para octubre de ese año, Karla López Albert quedó embarazada y notificó la situación a Manuel Forcelledo Nader, quien en distintas ocasiones le pidió interrumpir el embarazo. La mujer rechazó someterse a un aborto.

Pasaron las 12 semanas recomendadas para una interrupción segura del embarazo y el hombre insistió y le entregó 20 mil pesos para acudir a una clínica clandestina a practicarse un legrado. La joven volvió a negarse.

Tras eso Manuel Forcelledo Nader acudió al domicilio de Karla López Albert para exigirle la devolución del dinero, hecho que presenciaron por los padres de la mujer, quienes hasta ese momento desconocían el embarazo.

El 30 de enero de 2014, Karla salió de su casa y comentó a su familia que cenaría con Manuel en un restaurante de la avenida Juárez. Esa noche se perdió todo contacto con la joven de 31 años, quien tenía cinco meses de embarazo.

Las investigaciones señalaron que Manuel le aseguró que asumiría los gastos relacionados con el embarazo y le dijo que acudirían a Plaza San Diego para contratar un seguro médico, pero la llevó al salón social Katz, propiedad de su familia.

En ese lugar lo esperaban Rodrigo Augusto N., alias ‘El Roko’, y Moisés C., alias ‘El Moy’, señalados como sus cómplices y presuntos ex escoltas del ex rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Enrique Agüera Ibáñez.

Dentro del inmueble Karla fue víctima de agresiones físicas, abuso sexual y estrangulamiento. Abandonaron su cuerpo en la colonia Zapotitlán, en la entonces delegación Tláhuac, de la Ciudad de México.

El 31 de enero, autoridades capitalinas localizaron el cadáver, pero fue hasta el 2 de febrero cuando los padres de Karla López Albert reconocieron su cuerpo.

El 7 de febrero, la entonces Procuraduría General de Justicia quedó notificada sobre el hallazgo. Ese mismo día detuvieron a Manuel Forcelledo Nader y posteriormente a sus presuntos cómplices.

Aunque el crimen ocurrió en 2014, fue hasta el 13 de mayo de 2021 cuando el juez Enrique Romero Razo dictó una sentencia de 76 años de prisión por los delitos de feminicidio, aborto y violación.

Enrique Romero Razo, bajo controversia

Enrique Romero Razo acumula más de tres décadas dentro del Poder Judicial del Estado de Puebla, trayectoria marcada por conflictos legales, periodos de destitución e investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción.

En años anteriores el Pleno del Tribunal Superior de Justicia lo removió de su cargo. Tras ello, acusó públicamente que su destitución respondió a una represalia política ocurrida durante el gobierno de Rafael Moreno Valle.

El juez obtuvo cuatro amparos federales y advirtió que denunciaría al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de que magistrados poblanos se negaron a reinstalarlo.

(JRLM)