Estudiantes de las Normales Rurales de Puebla, Panotla, Almilcingo y Tenería, acompañados por el Frente Nacional de Lucha por la Socialismo (FNLS), y una decena de organizaciones sociales y de alumnos, se unirán este 8 de octubre a la marcha nacional para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tras los hechos violentos registrados en Iguala, Guerrero.

Las protestas se realizarán simultáneamente en diversos estados de la república en demanda del esclarecimiento de los hechos del pasado 26 de septiembre, en el que seis personas murieron, 25 resultaron heridas y se reportó la desaparición 43 estudiantes luego de su detención durante el enfrentamiento con la policía estatal, la federal y el Ejército en el municipio de Iguala.

Olín Amaro, representante del FNLS, precisó que en la movilización participarán contingentes de estudiantes de la Normal Rural “Emiliano Zapata” de Amilcingo, Morelos; “Carmen Serdán” de Teteles, Puebla; “Benito Juárez” de Panotla, Tlaxcala; y de la Normal Rural “Lázaro Cárdenas del Río” Tenería, del estado de México.

Partirán a las 10:00 de la mañana de Ciudad Universitaria llegando al parque Juárez a las 11:30, para dirigirse al Congreso local y exigir un exhorto de los legisladores locales al gobierno federal para la inmediata presentación de los jóvenes hasta ahora no localizados.

Esta manifestación nacional se realiza a 11 días de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, cuando uniformados dispararon en más de 200 ocasiones en contra de los autobuses, en los que normalistas se trasladaban.

Después, cuando denunciaban los hechos frente a medios de comunicación, fueron agredidos nuevamente por grupos paramilitares que dispararon en contra de los estudiantes, dejando como resultado las ejecuciones de los normalistas Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava y Julio Cesar Mondragón, 19 estudiantes fueron hospitalizados, dos de ellos en estado crítico y 43 normalistas desaparecidos.

Carmen, estudiante de la Normal Rural Carmen Serdán en Teteles, precisó que en el recuento de los daños no puede omitirse el señalamiento de la amputación de los dedos de la mano de un normalista, la reconstrucción del tejido de un brazo de otro compañero y la intervención quirúrgica en el rostro de uno más, según consta en una lista escrita en una hoja de libreta que lleva consigo.

Normalistas, Amaro y voceros de la Red de Defensa de los Derechos Humanos REDDH estatal y nacional, desestimaron la información que se ha dado a conocer por parte del fiscal general Iñaky Blanco Cabrera que asegura que integrantes de la organización delictiva “Guerreros Unidos” (los cuales también pertenecen a la policía municipal de Iguala) han “confesado” la ejecución de 17 de los 43 normalistas desparecidos, quienes supuestamente fueron enterrados en tres fosas clandestinas en el paraje Pueblo Viejo, después de haberles prendido fuego; lugar al que acudieron elementos de la Marina, Ejército y PGJ para hacer las investigaciones correspondientes.

Amaro reveló que organizaciones y estudiantes desestimaron la declaración del funcionario y aseguraron que insistirán en que sean realizadas las pruebas de ADN con la organización nacional Argentina, organismo que tiene la trayectoria ética y moral para esclarecer la identidad de los cuerpos, y hasta entonces, cesarán las manifestaciones.

“No podemos decir que nuestros compañeros están muertos, ellos continúan en calidad de detenidos-desaparecidos y por lo tanto exigimos su inmediata presentación con vida. Mantenemos la esperanza y la exigencia de encontrarlos”.

Aseguraron que la ejecución y desaparición forzada de los estudiantes constituye un crimen de Estado y el operativo montado por diferentes corporaciones policiacas fue con el propósito de asestar un duro golpe en contra de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México FECSM.

“Ése escenario de represión es el mismo que ha existido desde 1982 con la implementación de las políticas privatizadoras que hasta la fecha se ha venido agudizando, con el objetivo de desparecer todas las escuelas normales rurales de nuestro país; puesto que estas han brindado educación pública y formación ética, política e ideológica a hijos de campesinos y obreros para la defensa de la educación y la mejora de las condiciones de vida del pueblo”, refirieron las normalistas.

Señalaron que la estrategia para deslindarse de la responsabilidad que tiene el Estado mexicano es a través de una campaña que le permita justificar estos crímenes de lesa humanidad, pretendiendo hacer pasar los asesinatos y desapariciones como actos irracionales del crimen organizado.

También cuestionaron las acciones del presidente Enrique Peña Nieto ante las Naciones Unidas (ONU) para participar en misiones de paz y refirieron que su discurso al respecto de los hechos en Guerrero son “pura demagogia”.