Trabajadores afiliados al Sindicato Nacional Minero señalaron omisión por parte de autoridades locales ante las denuncias de intimidación por parte de grupos de narcotráfico en favor de la minera Camino Rojo, en Zacatecas.

Mineros pertenecientes a la sección 335 del Sindicato Nacional Minero solicitaron apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Marina para la protección de los trabajadores durante el proceso de recuento para la titularidad del contrato colectivo de trabajo de los empleados en noviembre de 2024.

De acuerdo con archivos en posesión de La Jornada, las denuncias de los mineros quedaron documentadas en el procedimiento especial colectivo 758/2024 ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, el cual también solicitó el resguardo de 10 elementos de seguridad pública, corporación que rechazó la petición argumentando falta de personal para realizar la tarea.

Los documentos también señalan la omisión por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) por intervenir en amenazas e intimidación por parte del narco en favor del Sindicato Patronal de la minera, argumentando que se trata de un asunto en materia penal y no laboral.

Uno de los casos denunciados es el de Jaime Alberto Pulido León, integrante del comité local de la sección 335 del sindicato, quien señaló que una persona desconocida y armada intentó ingresar a su domicilio, acusación presentada ante Orla Mining, empresa canadiense que también es renuente a reconocer la titularidad del Sindicato Nacional Minero sobre el contrato colectivo de trabajo.

Resolución del T-MEC

El panel del Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR) del T-MEC emitió un reporte preliminar sobre las denuncias en la minera Camino Rojo, en el que señaló que, a pesar del resultado de la votación fue favorable para el Sindicato Nacional Minero, esta se realizó bajo “el efecto disuasivo de meses de amenaza y silencio de la dirección” contra los mineros.

El informe también señaló que Orla Mining, a pesar de tener conocimiento de las denuncias de los trabajadores de intimidaciones por parte del narco, ignoró el caso.

La STPS emitió un comunicado en respuesta en el que señala que los panelistas del T-MEC sobrepasaron sus facultades al sugerir el impedimento de los derechos del trabajador, y que ello incurría en una acusación contra el Estado.