Cartas a Gracia
Estimada Maestra:

El asesinato de las docentes ocurrido en una escuela particular de Lázaro Cárdenas, Michoacán, lo mismo que los movimientos magisteriales realizados por trabajadores de la educación -rutinariamente- sin importar afectaciones a terceros, incluidos niñas, niños y adolescentes, presupondrían la ruptura de las condiciones de normalidad que deberían reinar en un sector estratégico para la sociedad mexicana.

Tan cuestionable sería, Gracia, la violencia que ejercerían en ocasiones las y los jóvenes, lo mismo madres y padres de familia en contra de docentes y compañeros de estudio, que ha cobrado algunas víctimas mortales; como algunos actos de exceso de celo político en el que incurrirían algunas y algunos docentes en el ejercicio de sus funciones laborales, documentados ampliamente en medios de comunicación, así como el exceso de fuerza al que recurrirían al manifestarse en pro de la defensa de sus derechos laborales (plantones, tomas de calles, casetas, carreteras, oficinas públicas, gasolinerías, centros comerciales y un largo etcétera).

Eventos y acciones que sustentarían la necesidad de adoptar un nuevo acuerdo educativo que permitiera recuperar el tejido social en el sector educativo, más allá de las jornadas por la paz y en contra de la violencia que, por instrucciones gubernamentales, se ejecutan en las escuelas cada tres meses.

Visibilizar los feminicidios de las docentes ocurridos el 24 de marzo obligaría la realización de una búsqueda, auxiliada de las herramientas modernas, que permitiera tener presentes acciones similares que podrían remontarse, en años recientes, al 2017, estarían documentadas en diversos portales de noticias, sumando lo ocurrido hace un par de semanas en Lázaro Cárdenas, Michoacán ([mvsnoticias.com] [informador.mx]).

Una nota de Quadratín del 25 de marzo de 2026 cabecearía un reportaje con la siguiente frase “Escuelas, violencia y el crimen de Lázaro Cárdenas: 4 casos en 9 años”;  en ella se reseñaría, adicionalmente el acaecido el 25 de octubre de 2025 en contra de una maestra del Colegio de Bachilleres de Oaxaca, ubicado en Putla, Oaxaca, y otros dos que se verificarían: el primero, en Torreón, Coahuila (Colegio Cervantes), el 10 de enero de 2020, con saldo de una maestra fallecida y varios alumnos heridos; y el segundo, en el Colegio Americano de Monterrey, evento verificado el 18 de enero de 2017, con saldo de varios heridos, incluida una maestra. (https://acortar.link/icXmtP)

Los reclamos de madres y padres de familia que se realizarían afectando la prestación del servicio docente, a pesar de que el reglamento de la Asociación de Padres de Familia les prohíbe expresamente intervenir en actividades técnico‑pedagógicas, en ocasiones se realizarían mediante un ejercicio abusivo de las y los tutores.

Si bien muchos de esos reclamos, aunque derivarían de tensiones reales -como la aplicación irregular de las mal llamadas aportaciones voluntarias o la inconformidad frente a malas calificaciones su canalización fuera de las vías institucionales mediante presión directa o interrupción de la vida escolar, desbordaría el marco legal de corresponsabilidad y erosionaría la ya maltrecha autoridad pedagógica.

En lugar de fortalecer el proceso educativo, tales prácticas trasladarían conflictos estructurales al aula y desfigurarían el sentido formativo de la evaluación a las y los alumnos -de por sí limitada por disposiciones de las autoridades educativas- afectando el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir educación en condiciones de normalidad y respeto.

En este contexto, los hechos documentados -incluidos los referidos por quadratín en su recuento de cuatro casos de violencia extrema en escuelas en los últimos nueve años- exhibirían con crudeza que la violencia en el ámbito educativo no es episódica ni unilateral, sino el resultado de una suma de omisiones, excesos y desórdenes de rol.

Recuperar la normalidad escolar exigiría algo más que llamados simbólicos a la paz: demandaría un nuevo acuerdo educativo que restituya límites, responsabilidades y autoridad ética a cada actor, colocando de nuevo a niñas, niños y adolescentes en el centro del proceso educativo, no como rehenes del conflicto, sino como sujetos plenos de derecho. “Cuando el pleito entra por la puerta, la razón sale por la ventana”, Gracia.