Un comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó con un informe a la Asamblea General medidas para prevenir y erradicar la desaparición forzada en México, sin embargo, el Gobierno mexicano rechazó los señalamientos de la entidad internacional calificándolos de tendenciosos.

Esta mañana en entrevista con Radio Fórmula, Enrique Ochoa, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señaló que el informe de la ONU es tendencioso, ya que los casos analizados fueron de 2006 a 2017 y solo en cuatro estados del país.

“Llegan a la conclusión de que en México hay desapariciones de manera generalizada, pero no corresponde con la realidad ”: Enrique Ochoa, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, responde al informe de la ONU. #PorLaMañana Sophía Henríquez… pic.twitter.com/X8VgcVAklk

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Dicho mensaje lo posteó desde ayer en sus redes, donde señaló que “el CED (Comité contra la Desaparición Forzada, por su siglas en inglés) está excediendo su mandato al presentar un informe con falta de rigor jurídico, ampliando indebidamente el alcance de la definición de desaparición forzada”.

Si bien aseguró que México aún enfrenta desafíos en materia de desaparición forzada, señaló que el país cooperó con las autoridades internacionales para atenderlo: “Somos uno de los 78 países que ratificó la Convención de Desaparición Forzada y uno de los 30 que acepta la jurisdicción del CED para comunicaciones (…) Fuimos el primer país en aceptar una visita in situ en 2021 y hemos respondido a todas sus solicitudes de información”, defendió Enrique Ochoa.

“Somos un país sumamente abierto” : México está dispuesto a cooperar con organismos internacionales, dice Enrique Ochoa, subsecretario de Derechos Humanos de la SRE, ante el informe de la ONU sobre desapariciones. #PorLaMañana Sophía Henríquez (@sophiahenriquez) en el… pic.twitter.com/sS2tfpIyko

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El informe de la ONU sobre desapariciones forzadas en México

De acuerdo con la ONU, en México se hallaron más de 4 mil 500 fosas con cerca de 6 mil 200 cadáveres y 4 mil 600 restos humanos, además de 72 mil despojos humanos sin identificar, varios productos de ataques sistematizados y generalizados contra la población civil.

Los datos refieren principalmente a hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa, que llegó a la presidencia abanderando a Acción Nacional (PAN) por medio del llamado fraude electoral de 2006 e inició la guerra contra el narco, y de Enrique Peña Nieto, abanderado del Revolucionario Institucional (PRI), en una elección señalada de corrupción al repartir monederos electrónicos a ciudadanos para que votaran por él.

El informe de la ONU denunció también la falta de recursos y esfuerzos del Estado mexicano, que se ha visto “Desbordado por la magnitud de la crisis”, producto de las condiciones de violencia que atraviesa el país.

La respuesta de México

El gobierno de México rechazó los señalamientos de la entidad internacional: reclamó que el informe no tomó en cuenta los avances y esfuerzos gubernamentales en conjunto con organizaciones civiles para paliar el problema de las desapariciones forzadas.

Afirmó que la información de la ONU omitió los datos presentados por el Gobierno mexicano el pasado 27 de marzo, en que actualizó las cifras de al respecto; en dichos datos definieron la desaparición forzada como aquella que comete el Estado contra sus ciudadanos.

Pero a pesar de que el gobierno mexicano integró herramientas para ayudar en el esclarecimiento de desapariciones forzadas, como el Banco Nacional de Datos Forenses, aún sigue manteniendo más de 72 mil restos humanos sin identificar, lo que marca una contradicción en los esfuerzos gubernamentales.

Con información de la ONU, El Financiero, Radio Fórmula y el Gobierno de México (JRLM)