El secretario General del Congreso del Estado, Leopoldo de Lara Valera por fin hizo llegar de manera oficial al Congreso del Estado una notificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que recibió desde septiembre de 2025.

La notificación señala que los legisladores excedieron sus atribuciones al aprobar Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de Puebla, pues da paso a que en la entidad se oculte información con el argumento de ser tema de seguridad nacional.

Desde septiembre de 2025 la SCJN envió una controversia constitucional contra el Poder Legislativo de Puebla por atribuirse facultades, todavía en noviembre de ese mismo año, el área jurídica del Congreso de Puebla respondió sin informar a los diputados.

El @CongresoPue fue notificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió que los diputados excedieron sus facultades al aprobar la Ley de Transparencia y la Ley de Datos Personales, las cuales permitían al gobierno resguardar información por motivos de… pic.twitter.com/gD7xUHSZnr

— Periódico e-consulta (@e_consulta) March 27, 2026

Los diputados se enteraron de la controversia hasta el 9 de marzo del presente año, luego de que la SCJN confirmó que los diputados de Puebla excedieron sus funciones.

El desconocimiento absoluto de los diputados provocó que se pidiera de inmediato la renuncia de Leopoldo de Lara y del director jurídico del Congreso, Jesús Juárez Lezama.

Aún sin renuncias, este 27 de marzo por fin la mesa directiva del Congreso del Estado en la sesión de la Comisión Permanente fue notificada que la Suprema Corte generó un proceso de controversia constitucional contra la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de Puebla.

Por ello, los integrantes de la Mesa Directiva que encabeza el diputado del PAN, Marcos Castro Martínez remitieron la notificación a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información para revisarla.

De acuerdo con la SCJN la controversia se originó porque el Congreso del Estado facultó al Instituto Electoral del Estado y al Tribunal de Arbitraje revisar la transparencia de los partidos políticos y de los sindicatos, cuando no tienen ese poder.

Incluso, el Congreso de Puebla facultó a toda la institución de gobierno, sindicatos entre otros de reservar o clasificar información por motivos de seguridad nacional, pues esto solo lo puede hacer la federación.

Esto evidenció que la Secretaría General y la Dirección Jurídica no lo tomaron en cuenta para tratar de solventar el error de los legisladores en junio cuando aprobaron la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de Puebla.

Sin embargo, el Poder Legislativo aún no toma una decisión sobre las sanciones que pueden recibir tanto el secretario general como el director jurídico, pues ambos han sido respaldados por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pavel Gaspar Ramírez. (CR)