Puebla es escenario de más tragedias cada día o semana debido a la violencia delictiva que sigue cobrando vidas de inocentes.

Un matrimonio, padres de familia, reportados como desaparecidos el jueves 19 de febrero, aparecieron asesinados el viernes 20. Fueron hallados sus cuerpos en la región serrana de Chignahuapan, luego de presuntamente ser privado de la libertad en Tlaxcala.

Da lo mismo dónde ocurren los homicidios, pero no había pasado una semana de los crímenes cometidos en Sala de Despecho en Angelópolis (14 de febrero) cuando un matrimonio fue asesinado.

Pero no solo ellos fueron víctimas de la violencia, también perdieron la vida una mujer en un intento de asalto en la junta auxiliar Ignacio Zaragoza, en la ciudad capital; otra víctima fue hallada embolsada en Cuautlancingo, un elemento de seguridad pública acribillado con 21 balazos en Amozoc; otro poblanos más, de seis disparos lo mataron en Coronango…

En Tlaxcala o en Puebla, el matrimonio poblano fue víctima de la delincuencia, la misma que impera en el resto de entidades y que se agrava conforme pasan los días y años, bajo el régimen de la 4T con Andrés Manuel López y Claudia Sheinbaum.

El país, desde los regímenes priistas y panistas, el fenómeno de la delincuencia existe, pero en este régimen socialdemócrata de la 4T se agravó, prometió atacar las causas y acabar con la violencia porque presumieron eran diferentes, pero resultaron peores que el PRI y PAN.

No admiten en el oficialismo que fracasó la no estrategia contra la inseguridad pública porque en el gobierno de AMLO la política de los abrazos y no balazos le permitieron a la delincuencia crecer en proporciones inimaginables.

Los grupos delictivos en los estados, principalmente los grandes cárteles, pasaron de los abrazos de AMLO a la complicidad para cogobernar apoyando campañas electorales a gubernaturas como en Sinaloa, donde los sicarios secuestraron a los operadores electorales de la oposición para favorecer a Rubén Rocha Moya, e hicieron campaña por él y Morena.

Es la misma delincuencia que operó al amparo del gobierno de AMLO el infame robo al fisco y a Pemex en tomas clandestinas y contrabando de hidrocarburos hurtados de las refinerías del huachicol fiscal de donde salieron miles de millones de pesos para financiar las campañas de Morena de Américo Villarreal, en Tamaulipas, financiados por el “Rey del Huachicol”, Sergio Carmona.

Cómo no van a ocurrir homicidios dolosos, secuestros, extorsiones, cobros de piso, asaltos carreteros, robos en el transporte público, atracos a cuentahabientes al salir de los bancos, si en el ámbito nacional es impune el robo multimillonario con el huachicol fiscal para financiar campañas federales y de gobernadores.

Y pese a las evidencias del involucramiento en el presunto uso de dineros ilícitos en las campañas electorales de Morena con la intervención directa del entonces líder nacional Mario Delgado Carrillo, no solo gozó de impunidad, sino que lo hicieron secretario de Educación Pública -nada más- y ahora nuevamente coordinará -igual que Adán López- una circunscripción electoral federal para las elecciones intermedias de 2027. 

Acaso los delincuentes no asumen como una patente de corso la impunidad de un senador morenista como Adán Augusto López con acusaciones de presunta relación con el grupo delictivo La Barredora; pero no son llevados a comparecer ante el MP para deslindar responsabilidades, sino que los protegen con fuero constitucional.

La violencia delictiva es también motivada por la impunidad con la que gozan militares de la Marina del gobierno de AMLO como Rafael Ojeda, exsecretario de la Secretaría de Marina, quien a pesar de la existencia de un audio donde admite la existencia de los ilícitos -y posterior a escuchar al contralmirante que lo denunció-, este marino fue asesinado en Puerto Vallarta, y ni así el exsecretario de la SEMAR fue llamado a declarar, por el contrario, fue exonerado por la Presidenta.

La burbuja de blindaje a políticos de Morena presuntamente ligados al crimen organizado, que financió campañas electorales y cogobernó la federación, las cámaras legislativas, en los estados y municipios, incluye al intocable Andrés Manuel López Obrador, ante su evidente responsabilidad por comisión u comisión.

Las fuerzas castrenses son parte activa del involucramiento en el ascenso de la delincuencia en el control de las instituciones del Estado, con la capacidad de instrumentar fraudes monumentales como el huachicol fiscal, en complicidad de políticos y funcionarios públicos.

Puebla no es una isla y la delincuencia organizada impone su ley de terror

Karina de los Ángeles Ruiz Ruiz y Alexandro Agustín Tello Olmedo, ambos de 50 años, fueron hallados sin vida con huellas de violencia en un predio de Chignahuapan.

La pareja, de acuerdo con versiones, habían realizado el viaje a Tlaxcala para festejar el cumpleaños de la mujer, mientras sus hijos asistían a clases en el Instituto Oriente. Presuntamente habían sido contactados por personas, y luego se perdió contacto con ellos.

El hecho trágico de este matrimonio ocurre cuando las familias y amigos de Gisele Ortiz Carreto, Joaquín Wirth García y Emmanuel Esteban Campana, jóvenes asesinados la madrugada del 14 de febrero en Sala de Despecho, en Angelópolis, se reunieron frente a la Estrella de Puebla para exigir paz y justicia.

Vestidos de blanco, con veladoras encendidas en el piso en el lugar donde fueron asesinados por un grupo delictivo armado, con una canción compuesta en memoria de los jóvenes acribillados, en medio de llantos, demandaron justicia y paz para ellos y para la sociedad poblana.

Este evento pacifico de familiares y amigos fue calificado por funcionarios públicos como un evento del PAN para, presuntamente, aprovecharse de la tragedia. Mario Riestra, dirigente estatal del PAN, se deslindó a su partido de la organización del encuentro.

Familiares de las víctimas aclararon durante el evento pacífico para demandar justicia, paz y seguridad, que su manifestación era no contra el gobierno, sino como un llamado a recuperar la tranquilidad en Puebla ante el aumento de la delincuencia.

Lamentablemente a esa acusación de presunto uso político de la tragedia en la zona de Angelópolis le siguió una andanada de algunos medios digitales y en noticiarios electrónicos acusando a los organizadores y a la oposición (sic) de ser “carroñeros”.

Los estrategas del oficialismo siguen cometiendo yerros, y muy graves, porque lejos de ser empáticos con la sociedad ante el fenómeno de la violencia ligada a la inseguridad pública, pretender cuidar la imagen, ocultando los hechos o atribuirlo a enemigos políticos.

La sociedad poblana espera garantías de seguridad pública y jurídica de las autoridades, así como de acciones transparentes en la procuración e impartición de justicia.

A siete días de los hechos sangrientos en la Sala de Despecho en Angelópolis, frente a la Estrella de Puebla, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública no han presentado pruebas, evidencias ni el móvil del ataque.

La FGE y la SSP desde un principio criminalizaron a las víctimas sembrando hipótesis de sospechas y mala fe de la presunta planeación del ataque directo, o de la insinuación – sin concluir indagatorias- del presunto involucramiento de los baleados en presuntos ilícitos.

¿Qué hipótesis adelantarán ahora las autoridades respectivas del móvil por el doble asesinato del matrimonio Ángeles Ruiz Ruiz y Alexandro Agustín Tello Olmedo para no reconocer o evadir el ascenso de la delincuencia que supera a las fuerzas policiales en Puebla?

Es plausible el despliegue policial, torres de vigilancia y equipamiento en la zona de los estadios para ofrecer seguridad a los asistentes a los eventos deportivos y del espectáculo, porque es importante la “imagen” de cara al Mundial de Futbol, pero la realidad los rebasa, y familias poblanas viven el terror de la inseguridad públicas en las calles.

Esa fuerza policial en los estadios no se vio en los locales abandonados en el tianguis del Mercado Morelos donde un grupo de presuntos locatarios intentaron impedir diligencias por el hallazgo de una fosa clandestina.

A este lugar arribó un grupo de personas a manifestarse para que los “dejaran trabajar”, cuando los locales investigados están abandonados y sirven para actividades delictivas como narcomenudeo y homicidios dolosos, con base a las diligencias realizadas por la FGE.

Estados como Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Morelos… viven o han vivido este ambiente de terror e inseguridad pública, donde los habitantes de las ciudades no saben si ellos o sus familiares regresarán a casa, como ya es una realidad en la ciudad capital y en el resto de los municipios, en el contexto nacional de violencia.

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