Desde el Congreso del Estado se busca evitar la filtración de información de víctimas o personas involucradas en hechos delictivos que puedan revictimizarlos, como sucedió con las personas que fueron asesinadas en el bar Sala de Despecho y la desaparición de Lidya Valdivia.

La iniciativa fue presentada por la diputada por el PAN, Susana Riestra Piña, quien busca reformar la Ley de Víctimas del Estado de Puebla con el objetivo de proteger los derechos humanos de las víctimas y personas involucradas, lo cual en la actualidad no se ve reflejado.

Esto, al señalar que desde la Fiscalía General del Estado (FGE) se ha vuelto común que difundan información sobre personas involucradas en una desaparición, acto delictivo o alguna otra investigación.

Para la legisladora panista, este hecho se vio reflejado en la supuesta desaparición de Lidya Valdivia, quien fue reportada como desaparecida en enero de este año y tiempo después fue hallada, lo que le costó críticas porque el caso fue mediático.

Ahora esto vuelve a surgir tras el ataque al bar Sala de Despecho, ocurrido el fin de semana, que dejó tres personas fallecidas y surgió que uno de ellos tenía nexos con el narcomenudeo.

Por este motivo, Susana Riestra busca blindar la seguridad de las personas víctimas que estén relacionados con hechos delictivos o tengan ese vínculo, para evitar que se viole su derecho de privacidad.

La norma se basa en lo establecido en la Ley Ingrid que se implementó a nivel nacional para evitar que se difundan imágenes, videos, documentos e indicios vinculados con hechos delictivos y con investigaciones penales, al reconocer el impacto revictimizante que dicha exposición genera en la dignidad.

¿Qué propone la legisladora?

La diputada busca agregar en la Ley de Víctimas del Estado el artículo 38 Bis para obligar a los trabajadores del estado, de gobierno municipales y de otras instituciones gubernamentales resguardar, proteger y garantizar la confidencialidad de la información, datos personales, documentos, imágenes, videos, audios, registros o cualquier otro material relacionado con las víctimas.

Además, se les prohibirá que la o el servidor público difunda, publique, comparta, utilice o inutilice ilícitamente información, videos o audios que:

• I. Se encuentren bajo su custodia
• II. A los que tenga acceso
• III. De los que tenga conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión

En la propuesta no se menciona cuál será la sanción, pues se impondrá conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas y Civiles. (MIG)