Bajo el argumento de respetar usos y costumbres, habitantes de la colonia Guadalupe Victoria, en San Pablo Tepetzingo, junta auxiliar de Tehuacán, denunciaron que el comité de gestión, de agua potable y de obra de drenaje impusieron cuotas obligatorias de mil 700 pesos para la realización de obras; advirtieron que a quien no cubra ese monto se le suspenderá el servicio de agua.

A través de un escrito, los vecinos señalaron que a mediados de 2025 fueron convocados a una asamblea para informar sobre un proyecto de drenaje sanitario y la construcción de una planta tratadora de residuos.

Para ello, se nombró un comité de obra y se estableció una cooperación para la compra de un terreno donde se instalarían ambos proyectos.

Sin embargo, hasta el momento no se han presentado documentos oficiales, ya sean municipales, estatales o federales, que acrediten la autorización de las obras, aunque —según les informaron— su ejecución se concretaría próximamente.

Los colonos indicaron que en julio de 2023 se adquirió un terreno, cuyo precio presuntamente fue de 180 mil pesos por lote, con la intención de comprar tres predios. Para ello, los vecinos aportaron inicialmente 540 pesos.

Posteriormente, la cooperación se incrementó a 600 pesos por persona mayor de 18 años, con carácter obligatorio.

Al no alcanzarse la recaudación esperada, se convocó nuevamente a una asamblea, en la que se informó que se debía aportar mil 100 pesos adicionales por toma de agua, lo que elevó la cuota total a mil 700 pesos.

Ante la negativa de varios colonos, los comités establecieron como condición que la cooperación sería obligatoria para continuar recibiendo el servicio, bajo la advertencia de que se les cortaría el agua a quienes no pagaran, argumentando nuevamente el respeto a los usos y costumbres.

Actualmente, los vecinos afirman que se les informó que el terreno ya fue liquidado; sin embargo, aseguran que no se les ha entregado ningún comprobante ni documentación que respalde dicha versión.

Además, acusaron a la presidenta del comité de gestión, Elizabeth Pesquera Becerril, de imponer una multa de 500 pesos por inasistencia a las asambleas, las cuales —señalan— son convocadas con pocas horas de anticipación y sin aceptar justificantes por causas de fuerza mayor. (KR)