Dos noticias que deben preocupar a quienes toman las decisiones de gran calado en la gestión que encabeza el gobernador Armenta Mier, y en caso de que no, debería de serlo porque golpean en el nervio de la espina dorsal de su administración.

La inseguridad (la repentina irrupción del juvenicidio en Puebla, no obstante, la reducción de homicidios dolosos que en el 2025 ronda el 11 %, respecto al año anterior) y la falta de crecimiento económico por la abrupta caída de la inversión extranjera directa (IED) en lo que va del presente año (–63.6%, con respecto a 2024).

Ambos indicadores son importantes porque de por medio está el derecho humano al bienestar, en su doble acepción: como prosperidad económica y como ejercicio de libertades.

Sin crecimiento económico no hay chamba; y sin protección a personas y patrimonio, no hay paz ni en las calles, las sierras, ni en la cabeza de los individuos como dijo Bulnes de Porfirio Díaz cuando por enésima vez buscó reelegirse, y tocó al tribuno Bulnes dar el discurso de apertura. Y si esto no es suficiente para preocupación de los mandones, debería de serlo porque, aunque no lo manifiesta, es manifiesto (esta, esto) que el gobernador anda alto de miras, y piensa y se piensa más allá del periodo para el que fue designado.

Para eso, y en caso de ser como digo, precisa de un desempeño ejemplar, y ser visto y valorado más allá de la jurisdicción bajo control. Aquí radica la importancia de un desempeño del gabinete que salga del circuito inercial de lo ordinario y complaciente, y, por esa vía, levante cejas y toque a incrédulos.

El tema verdaderamente preocupante es el de los menores de edad, jóvenes que no han cumplido la mayoría de edad, establecida en 18 años. De acuerdo con información oficial entre enero y octubre se registró la muerte de 97 menores en la entidad, de los cuales, 23 fueron víctimas de homicidio doloso (jóvenes asesinados de manera deliberada; el resto se puede calificar de actos de imprudencia); 25% de ellos fueron mujeres (19).

En el trato dispensado a menores de edad, en materia de procuración de justicia y seguridad; Puebla ya se equipara con Michoacán, Estado de México y Jalisco, santuarios de grupos criminales. La información proviene del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La crisis no es nueva. En los primeros meses del año se registró el homicidio de 29 menores de edad, una muerte cada tres días, y la autoridad se quedó de brazo cruzados, sin hacer nada. Pasmada, ya por incompetencia o ya por indiferencia; que sus padres se las arreglen como puedan, por no cuidarlos, por evitar las malas compañías. Quiero decir: en su momento la autoridad no implementó ninguna política de prevención, como debe hacerse en este género de crisis humanitaria (pues ataca a un grupo en particular), que vulnera lo más importante de la familia y del futuro de Puebla.

Por distante que parezca uno y otra, crecimiento y seguridad tienen responsabilidad subsidiaria en lo tocante a la conservación de la estabilidad política, el insumo público más importante, entre los que haya, es la base del progreso, por si hace falta recordarlo. No solo se trata de la inseguridad de costumbre, a la que penosamente ya estamos habituados. Hay indicios de que Puebla ya es zona de reclutamiento de jóvenes para las filas de las bandas criminales.

En agosto un grupo de doce jóvenes fueron secuestrados en el municipio conurbado del municipio de Amozoc. Durante el periodo de cautiverio fueron entrenados por sus captores para realizar actividades delictivas, según declaraciones de la propia Fiscal de la entidad.

Incluso alertó. “Quiero decirles a los jóvenes que no se dejen engañar por falsas ofertas de trabajo, porque son mentira. Están buscando reclutarlos a través de engaños”, fue la sentencia oficial.

El problema del juvenicidio es un fenómeno reciente en la entidad, o de registro reciente. Llega con la ola de violencia criminal y política (otro fenómeno inédito: la violencia político-electoral) en los años de 2023 y 2024. ¿Qué es el feminicidio, (cidio, de caedere: matar)? De acuerdo con estudios recientes de academia, el término hace referencia a la condición límite de la precarización económica, social, cultural y simbólica.

En el juvenicidio hay inoperancia de las instituciones de administración de justicia que producen y reproducen zonas de corrupción e impunidad, como forma cotidiana de funcionamiento; las desigualdades inmersas en esos grupos, amplían las condiciones de vulnerabilidad e indefensión (José Manuel Valenzuela, Nexos, octubre, 2025, edición impresa). El juvenicidio es pobreza, es desigualdad, es discriminación, es corrupción e incompetencia de las autoridades responsables de procurar justicia. El autor material del homicidio del alcalde de Uruapan fue un muchacho (17 años) indígena, purépecha de Paracho.

Sin embargo, hay indicadores alentadores, aunque no cuando se miran en perspectiva. En lo que va del año, los feminicidios (22 reconocidos oficialmente) han registrado una baja sustancial que ronda el 45 %, respecto del año anterior, cuando se contaron 39 casos de mujeres asesinadas. Una cifra digna de ponderación. Aun así, Puebla es el séptimo lugar nacional.

Hay que decir también que la sociedad civil tiene cifras dispares, que superan a las oficiales, y por mucho. El Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Iberoamericana Puebla, tiene un registro de 32 “probables” homicidios para el presente año, con corte a septiembre. Una diferencia de casi el 50 %. Acumulado al periodo de 2020 a 2025, la cifra oficial reconoce 208 feminicidios, la Ibero: 244.

No se habla de personas desaparecidas, porque no se tienen protocolos debidamente institucionalizados sobre el proceso de registro, pero eso no indica que no las haya. Puede ser otro foco intermitente, el cual debería preverse, tratándose de mujeres, pues el sur de Tlaxcala, en específico Tenancingo, por cercanía, imanta a la ciudad de Puebla, o puede hacerlo.

Qué dice a todo esto el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo a quien se tiene como uno de los miembros del gabinete más osados, por la experiencia en los viejos recovecos del PRI, tal vez. Pues dice que hará un diagnóstico para conocer cómo están los parques industriales, y que ya se verá. Un año después de asumir el cargo, el señor apenas realizará el diagnóstico para conocer el funcionamiento de las áreas de su competencia. ¿Cómo habrá elaborado la parte correspondiente al Plan Estatal de Desarrollo, si ignora el estado que guardan los parques industriales?

Chayo News

La separación ipso facto del cargo del Fiscal carnal federal, pone la lupa sobre los fiscales carnales en los estados. En particular aquellos que no dan resultados, y son motivo de escándalos de corrupción, tráfico de influencias, favoritismo, y lo que usted le sume; pero lo más importante -o la más grave-, es la incompetencia supina, sobre todo cuando al cabo de un año en el cargo, no terminan de salir de la curva de aprendizaje.

La ineficiencia con cargo al patrimonio y seguridad de las personas.