El gobernador Rafael Moreno Valle muestra una falta de sensibilidad política ante el dictamen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el enfrentamiento entre la policía estatal y habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, consideraron los diputados Pablo  Fernández  del Campo y Geraldine González Cervantes.

Entrevistados por separado, ambos legisladores coincidieron en que el Ejecutivo estatal debe acatar las recomendaciones hechas por el organismo autónomo, y explicar a la ciudadanía cuáles son las responsabilidades que pesan para cada uno de los implicados en el desalojo de la autopista Puebla-Atlixco, el cual derivó en la muerte del menor  José Luis Tlehuatlie Tamayo.

Pese a que una de las 11 recomendaciones hechas por la CNDH establece que  el gobierno tiene que ofrecer una disculpa pública a Elia Tamayo, madre del menor, el mandatario aseveró que no hay un señalamiento directo a su persona.

Ante esto, Fernández del Campo, ex dirigente del PRI, manifestó que lo establecido en el dictamen no sólo se puede entender como un cumplimiento legal, sino que también es un tema de “ética, moral y de decoro”.

El legislador señaló que a 13 días de que la CNDH presentó sus conclusiones, el gobierno está obligado a informar sobre los avances de la Fiscalía Especial, a cargo de José Antonio Pérez Bravo, instancia que se encargará de investigar los hechos violentos sucedidos el 9 de julio pasado, entre policías estatales y habitantes de San Bernardino Chalchihuapan.

Por su parte, la diputada Geraldine González Cervantes, integrante de la bancada del PVEM, apuntó que el Congreso del Estado puede exhortar al mandatario a que cumpla con las 11 recomendaciones.

Me parece una falta de sensibilidad del Ejecutivo no apegarse al llamado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, expresó la legisladora, quien sostuvo que la ciudadanía será la que juzgue las acciones de gobernador.