Ahora que el gobernador Rafael Moreno Valle retomó el proyecto para llevar a cabo la remodelación del estadio Cuauhtémoc, la emoción volvió a invadir la humanidad de los hermanos Jesús y Carlos Hugo López Chargoy.

El presidente del Puebla y su hermano sufrieron una fuerte desilusión cuando a principios de año Moreno Valle dio a conocer que cancelaba sus pretensiones para hacer del Cuauhtémoc un inmueble deportivo de primer nivel.

No vaya usted a pensar que sufrieron porque esa cancelación dejaba al equipo de la Franja y a sus seguidores sin posibilidad de aspirar a un mejor estadio, uno que le compitiera en calidad a los mejores de Europa.

No, padecieron porque se les iba de las manos la oportunidad para hacerse de un millonario negocio.

Con el retorno del proyecto renació también esa chance.

Jesús y Carlos Hugo quieren obtener el contrato de remodelación, ¡por 688 millones de pesos!, a través del consorcio empresarial del que el segundo es director y presidente: Corporativo Constructor de México, el mismo que en el pasado reciente se hizo de las magnas obras en la BUAP.

El gobernador lo sabe y observa entre sonrisas sus esfuerzos por presionarlo.

Pero de eso a que los vaya a favorecer con la asignación será otra cosa.

Mejor deberían empeñarse en hacer del Puebla otro equipo.

Un estadio de primera con una escuadra de tercera no será nunca una buena combinación.

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Entre algunos militantes del PRI que aspiran a una diputación federal existe el temor de que el tricolor concrete una coalición con el Partido Nueva Alianza para contender juntos en el proceso electoral que se avecina.

Consideran que si se realiza la alianza con el "Panal", como parece que ocurrirá, en el caso de Puebla no tendrán más remedio que cederle dos o tres candidaturas a las propuestas de aquel partido.

El problema deriva de los nombres de los personajes que podría impulsar Nueva Alianza.

Estos priistas, muy aventajados en el ejercicio de la especulación, piensan en tres posibilidades que les revuelven el estómago: Gerardo Islas Maldonado, Susana Riestra Piña y Guillermo Aréchiga Santamaría.

No es que los suspirantes tricolores tengan conflicto personal con alguno de estos tres panalistas-morenovallistas, lo que sucede es que no se imaginan en comunión con ellos, compitiendo por el mismo bando, cuando en los hechos han sido enemigos y rivales en los últimos tres años y medio.

Suena extraño.

Sí, pero no imposible.

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Con la novedad de que Rafael Micalco Méndez no dejará la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN antes de que termine el periodo para el que fue electo.

Es decir, no será "renunciado".

Pero no por lo que dijo en conferencia de prensa el lunes, que la dirigencia que preside es para tres años y que no está sujeta a decisión de nadie, no, sino porque el inquilino de Casa Puebla no tiene ni la intención ni motivos para forzar su salida.

Fuentes cercanas al gobernador y al Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul aseguran que la versión que se ha propalado es falsa.

Y no solo eso, que tampoco es verdad que la relación entre Micalco y Moreno Valle se haya deteriorado en los tiempos recientes.

Incluso hay quien afirma que aquel discurso empleado por el dirigente para respaldar ciertas demandas de la ultraderecha, visiblemente contrarias a los intereses políticos del mandatario, es parte de una mera estrategia de simulación.

Habrá que ver qué sucede en las semanas por venir.

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Este martes se realizó el primero de tres foros encaminados a crear la nueva Ley de Salud del Estado, una iniciativa promovida desde el Congreso por el panista Jorge Aguilar Chedraui.

El encuentro de especialistas contó con la participación del rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez; del secretario de Salud, Roberto Rivero; del delegado de Cruz Roja, José Manuel Cervantes, así como de representantes de la Secretaría de Salud federal, del Instituto Nacional de Salud Pública y de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, entre otros.

El segundo foro dará cabida a investigadores y docentes de facultades de Medicina y se realizará en la BUAP.

Por último, el tercero se desarrollará en el marco del próximo consejo estatal de salud, en el que opinarán enviados de dependencias e instituciones públicas, estatales y federales, como la SSA, ISSSTEP, ISSSTE e IMSS.

El objetivo es actualizar y modernizar la vieja legislación, que data de hace 20 años.

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