En menos de una semana, el Gobierno Federal reconoció una "ola de solicitudes" de protección por parte de presidentes municipales amenazados por el crimen organizado.

Aunque no existe un conteo oficial, reportes periodísticos, estatales y declaraciones presidenciales apuntan a al menos 21 presidentes municipales con medidas de resguardo federal o estatal en cinco entidades.

El incremento de esta medida se dio después del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre. Este edil había exigido repetidamente apoyo federal durante 2025, contaba con escoltas de la Guardia Nacional (GN) desde el proceso electoral, pero el sicario burló los perímetros.

"Carlos Manzo no fue el primero ni será el último si no actuamos", advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia del 5 de noviembre, confirmando que "han solicitado (protección) igual que en toda la República".

En la mañanera de aquella ocasión, la presidenta detalló al menos un caso en Guerrero, el alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, y prometió que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicaría avances el martes siguiente.

Michoacán: de las amenazas a las balas

La ejecución de Carlos Manzo, atribuida preliminarmente a facciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por disputas territoriales, ha hecho que el gobierno estatal resguarde ya a seis ediles con elementos de seguridad pública.

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, aclaró que no se trata de amenazas directas personales, sino de "preocupación por la inseguridad general que pone en riesgo a la población y servidores públicos".

En Puebla, dos alcaldes solicitaron refuerzos el fin de semana posterior al asesinato de Carlos Manzo. Manuel Alejandro Porras Florentino, de Huixcolotla, y Delfino Hernández Hernández, de Eloxochitlán, formalizaron peticiones ante la Secretaría de Gobernación estatal, citando amenazas directas de grupos criminales.

El titular de la secretaría de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala informó que el caso se abordó en la Mesa de Seguridad, delegando la respuesta al secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, y la Fiscalía General del Estado. "Ya tomarán cartas en el asunto", enfatizó Aguilar, mientras el gobernador Alejandro Armenta advirtió que "alcaldes desprotegidos pueden doblegarse ante la delincuencia".

Guanajuato, el estado más violento con 2 mil 100 homicidios en 2025 hasta octubre, lidera las solicitudes federales.

Nueve alcaldes —siete de Morena (Celaya, Salamanca, Pénjamo, Valle de Santiago y tres más no especificados), más ediles de Movimiento Ciudadano y un independiente— operan bajo escolta de la GN y el Ejército desde el proceso electoral de 2024.

Más de 100 elementos militares custodian a estos munícipes, cuya vulnerabilidad radica en la guerra entre el CJNG y el Cártel Santa Rosa de Lima por el control de la producción de aguacate y combustible.

La gobernadora Libia Dennise García reportó que estas protecciones se mantienen "para su seguridad personal", pero sigue un caso pendiente, el del alcalde de Salvatierra, Daniel Sámano.

Morelos suma tres alcaldes con protección estatal y federal adicional. El secretario de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia Lozano, reveló el 5 de noviembre que, tras análisis de riesgo conjunto con la Fiscalía y la Mesa Estatal de Paz, estos ediles —cuyos nombres se reservan por seguridad— cuentan con "medidas adicionales discretas y coordinadas".

A nivel federal, la SSPC no ha publicado un padrón unificado, pero Claudia Sheinbaum insistió en que todas las peticiones se evalúan vía protocolos de la Ley General de Víctimas.

Miembros de la oposición cuestionaron la efectividad de las acciones del Ejecutivo: "Protección para unos, abandono para otros", tuiteó Marko Cortés (PAN) tras el homicidio de Manzo.

En la mañanera del 4 de noviembre, la presidenta descartó "cambios drásticos" en seguridad, priorizando inteligencia y coordinación con estados. (MIG)