En México el 98 por ciento de delitos contra periodistas y defensores de la libertad de expresión quedan impunes, denunciaron organizaciones civiles mexicanas en el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, conmemorado el 2 de noviembre y que proclamó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2013.

El Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio OSC), colectivo que reúne a entidades como Artículo 19 México y Centroamérica, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), denunció esta crisis estructural que señalaron perpetúa la violencia y debilita la democracia.

Acorde con el comunicado de Espacio OSC del 31 de octubre, el objetivo de la fecha es visibilizar la inacción de las autoridades y presionar por investigaciones exhaustivas, juicios y sanciones efectivas respecto a los delitos cometidos contra periodistas.

Contados los casos que sí se resuelven

En 2024, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), sólo abrió 84 carpetas de investigación al respecto de crímenes contra periodistas, de las que solo una se relacionó con homicidio.

A este rezago se sumó un presupuesto de 18.6 millones de pesos para las tareas de investigación, que representa apenas el 0.1 por ciento del total asignado a la FGR, insuficiente para operaciones y personal calificado, señaló la ONG.

Desde su fundación en 2010, la FEADLE acumuló dos mil 371 casos iniciados, pero sólo 201 alcanzaron resolución, lo que equivale a una tasa de impunidad del 84.7 por ciento.

Si se restringe el análisis a sentencias condenatorias, la cifra sube al 98.27 por ciento.

Artículo 19 contabilizó 174 asesinatos de periodistas desde el año 2000, vinculados presuntamente a su labor informativa.

A nivel estatal, pese a la existencia de fiscalías especializadas en 19 entidades, incluidas Ciudad de México, Coahuila, Baja California, Chiapas, Jalisco, Sinaloa y Zacatecas, los avances son mínimos.

Aprobado en 2017, el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión no se aplica de manera rigurosa, dejando la mayoría de casos sin judicialización, acusa Espacio OSC.

La vulnerabilidad se acentúa para las mujeres periodistas, invisibilizadas por el sexismo institucional. CIMAC, integrante del Espacio OSC, documenta cómo sus denuncias por amenazas, acoso, violencia sexual o digital son desestimadas o sexualizadas, sin considerar la perspectiva de género como móvil.

"Urge garantizar verdad, justicia y reparación con enfoque de género", enfatizó el colectivo, recordando que incluso tras asesinatos, la impunidad persiste, perpetuando un ciclo de discriminación que socava el acceso equitativo a la justicia.

Con información de Espacio OSC (JRLM)