Andrea Lezama denunció que la jueza de control del Poder Judicial del Estado de Puebla, Alejandra Román Pérez, modificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada a arresto domiciliario para Ricardo N, señalado como el primer hombre vinculado a proceso por el delito de violencia vicaria en América Latina. Esta la decisión ha generado inconformidad entre víctimas y colectivas.

En entrevista con e-consulta, la fundadora del colectivo Madres Exigiendo Justicia Contra la Violencia Vicaria explicó que durante la audiencia realizada el 29 de octubre en la Casa de Justicia de la 11 Sur, su defensa solicitó que ante la decisión de la jueza, se le fuera colado un brazalete electrónico a su agresor; sin embargo, la jueza rechazó la medida argumentando que, por motivos económicos, Ricardo N no podía cubrir el costo del dispositivo.

Andrea señaló que la única medida establecida fue la vigilancia policial en el domicilio de Ricardo, con el fin de evitar que salga del lugar. Sin embargo, expresó su preocupación ante la falta de garantías de seguridad:

“¿Quién me asegura que la institución cuenta con el número suficiente de elementos para vigilar a mi agresor? No están garantizando mi seguridad ni la de mi hijo”, declaró.

Manifestó su temor de que su hijo vuelva a ser sustraído, como ocurrió cuando Ricardo N se lo llevó a otro estado cuando tenía 1 año de edad, siendo regresado hasta los 6.

“Durante la audiencia hubo una contradicción evidente. La jueza dijo que no existía riesgo alguno para justificar el cambio de medida cautelar, pero al emitir su resolución reconoció que sí persistía el riesgo”, afirmó Andrea.

Además, refirió que su agresor podría trasladarse al domicilio de sus padres, a quienes señaló como cómplices, pues —según su testimonio— ocultaron por años el paradero de su hijo.

La historia de Andrea Lezama

El 18 de junio de 2016, Ricardo N sustrajo al menor, entonces de un 1 y 10 meses, y lo mantuvo en Baja California. Pasaron más de cinco años para que madre e hijo lograran reencontrarse.

Durante su búsqueda, Andrea enfrentó diversos obstáculos por parte de funcionarios que, según denunció, actuaron a favor de su agresor. Entre ellos se encontraba la agente del Ministerio Público Fabiola Romero, quien fue removida del caso en febrero de 2023 por decisión de un juez.

En octubre de 2022, Ricardo N fue detenido en Baja California y dos días después se convirtió en el primer hombre vinculado a proceso por violencia vicaria en Puebla, México y América Latina.

En abril de 2023, Andrea obtuvo la custodia legal de su hijo, al demostrar ante las autoridades que había sido víctima de este tipo de violencia en Puebla.

Ante la reciente resolución judicial, el colectivo Madres Exigiendo Justicia Contra la Violencia Vicaria convocó a una manifestación pacífica este 31 de octubre, frente a la Casa de Justicia de la 11 Sur, para exigir que se garantice la seguridad de Andrea y su hijo, así como su derecho a una vida libre de violencia. (MCJ)