Se detectaron irregularidades en la cuenta pública que alcanzaron los seis mil 969 mdp durante el último año del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en 2024.

Las cifras se obtuvieron tras una revisión de 546 auditorías a la Cuenta Pública 2024, por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); su titular David Rogelio Colmenares Páramo indicó que de la cifra faltan por aclararse cinco mil 823 mdp.

Detalló en un informe que se emitió el pasado 23 de octubre que el 11 por ciento de las irregularidades corresponden a entes del gobierno federal; el 89 por ciento de administraciones estatales.

En su intervención ante diputados de la Comisión de Vigilancia de la ASF, el funcionario indicó que hay más auditorías en curso, con la meta de sumar un estimado de dos mil mdp a fin de presentar la información final en febrero de 2026.

Tras la entrega, el diputado Jorge Alfredo Lozoya Santillán, de Movimiento Ciudadano (MC), señaló que el informe debe atenderse y los responsables de las irregularidades deben ser sancionados.

Carmelo Cruz Mendoza, diputado de Morena, se sumó al llamado a la necesidad de fortalecer la fiscalización bajo los principios de legalidad, eficiencia, honestidad y transparencia.

“Que cada peso del erario público se traduzca en bienestar, justicia y progreso para el pueblo de México”, indicó ayer.

¿A qué entes corresponden las irregularidades?

Acorde con David Colmenares, de los seis mil mdp en irregularidades de la Cuenta Pública 2024, más de 965 mdp corresponden a entidades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la federación.

Resaltó que previo a esta autoría, los tres poderes ya deben explicar aún el destino de 802 mdp; el 49 por ciento son observaciones del Judicial.

Mientras tanto diferentes estados y municipios cometieron un presunto quebranto al erario por más de cinco mil 21 mdp; de ello, cuatro mil 600 mdp corresponde a administraciones estatales.

El auditor recalcó que más del 35 por ciento del monto principal se relacionó con servicios de salud, incluyendo los prestados por gobiernos estatales financiados con recursos federales.

“El 65 por ciento restante corresponde a los resultados de auditar el financiamiento de obras en zonas de alta marginación, el pago de nóminas educativas, deuda personal, personas y saneamiento financiero”, finalizó David Colmenares.

Con información de El Financiero, LatinUs y Nación 3 2 1 (JRLM)