En un año, el gobierno municipal no ha podido resolver los amparos que impiden las demoliciones en Covadonga, la unidad habitacional La Margarita y bodegas de la Central de Abasto, reconoció la secretaria Gestión y Desarrollo Urbano, Karina Romero Sainz.

Durante la comparecencia de la funcionaria como parte de la glosa del informe municipal, los regidores le cuestionaron sobre estos tres problemas de construcción ilegal debido a que administraciones pasadas han permitido que se lleven a cabo.

“Interpusieron un amparo en Tlaxcala y un juez nos ordenó la suspensión inmediata de lo que nosotros pudiéramos hacer en los predios”, comentó.

En primera instancia, Karina Romero Sainz explicó que un juez federal ordenó la detención de la demolición de una construcción en los terrenos de Covadonga, luego de que particulares presentaron un amparo federal.

Esta problemática se generó desde 2023, luego de que algunas personas se adueñaran de las 22 hectáreas que comprenden dichos terrenos.

Este mismo caso se presentó en el terreno manzana 36 ubicada en la unidad habitacional La Margarita que se disputa entre ejidatarios y el Ayuntamiento de Puebla, ya que la funcionaria comentó que el propio Infonavit interpuso un amparo para evitar que el Ayuntamiento realice cualquier acción.

“Infonavit impuso un amparo en contra de algún permiso que pudiera otorgar a la Secretaría Gestión y Desarrollo Urbano y un juez nos determina que no podemos hacer algún acto administrativo”, comentó.

La funcionaria municipal señaló que desde 2017 un juez agrario le entregó la posesión al ejido de la junta auxiliar de San Baltazar Campeche, por lo que el gobierno sólo realiza clausuras si los dueños emprenden una acción durante el proceso judicial.

En cuanto a la demolición de 26 bodegas de la Central de Abasto, Romero Sainz señaló que no se ha procedido porque están esperando dictámenes de Petróleos de México para determinar si estos predios se construyeron encima de ductos de hidrocarburo.

Asimismo, reveló que en 2023 la propia Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano emitió un dictamen que aprueba la construcción de las bodegas, lo cual contraviene con las acciones que se buscan realizar, es decir, derrumbar los espacios comerciales. (MCJ)