La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó a través de redes sociales su rechazo a la reforma a la Ley de Amparo, actualmente en discusión en la Cámara de Diputados, bajo el argumento de que representa un retroceso en la defensa de los derechos fundamentales y pone en riesgo la operación de miles de empresas.

En un comunicado oficial difundido por el Centro Empresarial de la Ciudad de México y el sindicato patronal independiente, se instó al Gobierno federal a abrir un diálogo para revisar la propuesta y evitar abusos de autoridad que debiliten la seguridad jurídica.

Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex advirtió en una entrevista que la iniciativa tiene un trasfondo político, posiblemente dirigido a casos específicos como el litigio fiscal del empresario Ricardo Salinas Pliego contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

 Desde Coparmex advertimos que la reforma a la #LeyDeAmparo aprobada recientemente en el @senadomexicano debe ser analizada con mayor profundidad ya que afecta los derechos humanos y desincentiva la inversión. pic.twitter.com/SxN5bvYjNw

— Coparmex Nacional (@Coparmex) October 8, 2025

“Incluso el tema del transitorio para hacerlo retroactivo, muchos lo leímos de esa manera”, señaló Ruiz, refiriéndose al artículo de retroactividad agregado por el Senado y eliminado por los diputados tras desacuerdos.

¿Cómo puede afectar a las empresas la Ley de Amparo?

El sector empresarial teme que la reforma limite la eficacia del amparo como salvaguarda inmediata contra actos arbitrarios.

Según el comunicado de Coparmex, se observa una rigidez que debilita su función protectora, especialmente en materia fiscal y bloqueos de cuentas bancarias.

“En ciertos casos las restricciones impuestas impedirán a muchas empresas seguir operando mientras se resuelve el juicio”, se lee en el documento.

Otro punto es la limitación en las formas de garantizar créditos fiscales, exigiendo únicamente depósitos en efectivo o cartas de crédito. Esto, según Coparmex, favorece a entidades con alta liquidez y deja en desventaja a pequeñas y medianas empresas.

El presidente enfatizó que el amparo equilibra el poder desigual entre el Estado y el ciudadano: “La estructura del aparato del Estado frente a un ciudadano es muy desigual, por eso el juicio de amparo lo que busca es equilibrar y con estas medidas se rompe”.

Además, la reforma haría “prácticamente imposible impugnar” créditos fiscales firmes o prescritos, dejando a las empresas indefensas ante cobros incorrectos.

Ruiz cuestionó el enfoque selectivo de la reforma, argumentando que, si incomodan las estrategias de litigio de figuras como Salinas Pliego, “¿qué pasa con millones de mexicanos que usan el amparo legítimamente?”.

“Lo que ha incomodado es que a través del juicio de amparo se han podido suspender obras, han podido mamás de niños con cáncer exigir medicamentos, el tema de las vacunas durante la pandemia”, explicó Ruiz.

Asimismo, recordó que existen mecanismos de sanción y litigio para corregir usos indebidos, sin necesidad de restringir el instrumento si el actuar gubernamental es legal.

Coparmex también criticó las nuevas medidas precautorias involucrando a funcionarios jurídicos, afirmando que carecen de solidez legal y podrían debilitarse con alegatos simples.

Coparmex llamó a un debate serio con el Estado, que posicione a México como respetuoso de derechos humanos y libertades.

El llamado urge a no aprobar la reforma sin un análisis técnico, para preservar la justicia constitucional y evitar un golpe a la economía.

Con información de Infobae, Aristegui Noticias, El Comentario, El Universal (PSR)