El Observatorio de Salarios de la Ibero Puebla presentó su Informe 2025: Precariedad laboral en México, un análisis que advierte que la falta de seguridad, certidumbre y protección en el trabajo sigue siendo una constante estructural del mercado laboral nacional, esto a pesar de las políticas de bienestar implementadas en el último sexenio.

Además, se evidencia un cambio del paradigma de trabajo en México: mientras en las décadas de los 70 u 80 las familias mexicanas tuvieron que empezar a incorporar a más de un miembro de la familia al mercado laboral ante la baja considerable de los salarios, hoy, una sola persona tiene que tener más de un trabajo para poder subsistir, tan solo ella. A esto, se le denominó en el Informe como autoexplotación.

Nadia Castillo Romero, directora del Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero Puebla, remarcó que el Observatorio, que tiene como principal objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje situado para el alumnado de la universidad jesuita, está abordando en esta investigación “un tema por demás significativo en las distintas instancias del mercado de trabajo en nuestro país, pero sobre todo para observar cómo se encuentra ese mercado”.

Abordaron la precariedad laboral desde tres rubros principalmente: la inseguridad, la incertidumbre y la desprotección.

Miguel Calderón Chelius, coordinador del Observatorio de Salarios, brindó algunas claves y cifras que ayudan a dimensionar estas tipologías desde aspectos como los salarios y las prestaciones estatales, no salariales y sociales.

El académico remarcó que la precariedad laboral se expresa en la imposibilidad de que millones de personas trabajadoras satisfagan sus necesidades básicas con los ingresos actuales.

Aunque el país ha experimentado mejoras en el salario mínimo que ha tenido “mayor impacto en la reducción de la pobreza” —con un incremento acumulado de 127.4 por ciento—, dicho monto sigue 17.3 por ciento por debajo del ingreso necesario para cubrir las necesidades de una familia de cuatro integrantes, según datos del INEGI.

Alondra Morales Bermúdez, estudiante de la Licenciatura de Economía y coautora de este Informe, señaló que “como observatorio buscamos dar esta dimensión no de manera aislada, digamos, en una relación solamente del individuo con el salario, sino en todo su entorno, en su día a día, en sus traslados, en su trabajo, en su vivienda”.

El estudio destaca que, si bien en los últimos años se han registrado avances normativos como la ampliación de vacaciones, el debate sobre la semana laboral de 40 horas y la regulación de nuevas formas de empleo digital, la informalidad, la falta de prestaciones y las malas condiciones de contratación continúan afectando gravemente el bienestar de los trabajadores.

Marco Padilla Santiago, coinvestigador del Observatorio, remarcó que sobre todo en las prestaciones sociales se evidencia “un problema estructural de desprotección de la población trabajadora de este país”.

Explicó el egresado de la Ibero Puebla: “El sector informal es el sector completamente desprotegido, sin ningún tipo de derecho, se encuentra en la intemperie, a la deriva”.

Natalia Guerrero Espinosa, estudiante de la Licenciatura en Economía, y María Fernanda Padilla Barrientos, de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, como coautoras del documento, profundizaron en esta problemática al abordar las prestaciones estatales y no salariales.

Si bien los trabajadores del estado cuentan en su mayoría con las prestaciones de ley, las prestaciones no salariales garantizan esquemas de seguridad social y familiar para este sector. Sin embargo, estas son poco accesibles: en Puebla, apenas el 30 al 40 por ciento de los trabajadores acceden a este tipo de prestación.

Estos datos confirman que los vacíos empresariales y laborales aún pesan en la fuerza de trabajo mexicana, pues se reconoce que el trabajo debería ser un medio para el desarrollo humano, pero las condiciones de explotación y desprotección que persisten lo convierten, muchas veces, en un obstáculo para tal fin.

El informe también evidencia que, pese a las políticas de recuperación salarial impulsadas desde 2018, el salario mínimo actual —de 8 mil 364 pesos mensuales— solo representa poco más de una tercera parte del ingreso que el propio Informe estima necesario para garantizar una vida digna, calculado en 27 mil 80 pesos mensuales.

Entre sus principales recomendaciones, el Observatorio de Salarios propone consolidar la reforma de la semana laboral de 40 horas, regularizar el trabajo informal, mantener la recuperación del salario mínimo e impulsar la mejora de los salarios promedio, además de fortalecer los mecanismos de protección social, particularmente en los sistemas de salud y jubilación. (DFD)