Integrantes de la colonia Aurora Roja, en el municipio de Huauchinango, denunciaron una serie de despojos, amenazas, agresiones, desapariciones y presuntos homicidios ocurridos desde la fundación de este asentamiento, los cuales, aseguran, permanecen en la impunidad.

Por lo anterior, los afectados expusieron a la fiscal del estado, Idamis Pastor Betancourt, las denuncias presentadas por dichos delitos, las cuales se han visto frenadas debido a un supuesto tráfico de influencias al interior de la Casa de Justicia municipal.

En marzo de este año, los colonos emitieron un boletín dirigido al gobernador Alejandro Armenta Mier, a la propia fiscal y al presidente municipal, Rogelio López Angulo, en el que advertían sobre amenazas de muerte contra Anastacio Torres Montes, presidente de la Asociación Civil Aurora Roja.

Ese mismo mes, fueron detenidos varios familiares de Ciro Vergara Barrios, quien es señalado por los vecinos como el presunto autor intelectual de los casos de despojo y violencia que han ocurrido en la colonia.

A los detenidos les aseguraron armas, uniformes tipo militar, cartuchos y droga; sin embargo, los habitantes cuestionaron por qué Vergara Barrios no fue capturado, pese a que, aseguran, se encontraba en el inmueble cateado.

El pasado 19 de julio, la mesa directiva de la colonia, encabezada por Torres Montes, acudió a una audiencia pública con la fiscal en la comunidad de Venta Grande. En ese encuentro relataron que en los años 80 adquirieron un predio de 16 hectáreas a Vergara Barrios, operación certificada por el notario Raúl Cázares García, aunque el vendedor no compareció directamente y fue representado por su hermana, Marilú Vergara Barrios.

Recordaron además que, en 1991, Abraham Cruz Garrido, a quien señalan como operador de la ex presidenta municipal María del Pilar Jiménez Morales, invadió terrenos de la colonia y fue acusado de despojo, desapariciones y amenazas de muerte. También acusaron a Ciro Vergara de ser el autor intelectual de los episodios de violencia recientes.

Los colonos enlistaron diversas carpetas de investigación que, aseguran, permanecen archivadas, entre ellas la desaparición de Bonifacio Uribe Téllez (CDI 266\2019\FED\HUAUCHI-I); homicidios de Cristina Hernández Moncayo (CDI 22\12\2022\FGEP\CDI\FEIDVGCM\HUAUCHI-I-011419\2022) y Efrén Hernández Pacheco (30\05\2024\FGEP\CDI\CGEIHD\HUAUCHI-I\000355\2024); tentativa de feminicidio contra Virginia Tavera Gayoso (30\05\2024\FGEP\CDI\CGEIHD\HUAUCHI-I\000355\2024); y amenazas contra Anastacio Torres Montes (CDI\FGEP\CDI\FEDH\PERIODISTA.DH).

Asimismo, señalaron a personas que, según ellos, participan en un “negocio del despojo”, entre ellos Elia Lechuga Iturbide, José Luis Pérez Esteban y Miguel Ángel Vázquez Licona. También acusaron a la agente del Ministerio Público Vianey Liliana Fernández López de filtrar información a Vergara Barrios, y denunciaron que su nieta, Sulyn Vergara, labora en la Casa de Justicia local.

Los habitantes pidieron a la fiscal la reapertura de carpetas, la separación e investigación de las funcionarias señaladas, y que los familiares de Vergara Barrios recluidos en el Cereso de Huauchinango sean trasladados a otro penal, para evitar presuntos actos de corrupción. (APP)

Con información de Gerardo Pérez Muñoz