La fiscalía especial que deberá crear el gobierno del estado de Puebla tras la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) está obligada a dar resultados inmediatos y fincar responsabilidades a todos los funcionarios involucrados en la violación a los derechos humanos de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan y el asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, señaló la senadora perredista Angélica de la Peña.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado apuntó que la cadena de mando debe ser investigada a fondo, pues el uso excesivo de la fuerza y la falta de diálogo, factores determinantes en las consecuencias del operativo policiaco, son incumbencia de funcionarios de uno o varios niveles jerárquicos.

“La tragedia ocurrida en San Bernardino Chalchihuapan fue, lamentablemente, una crónica anunciada, en su momento dijimos que la conocida como ‘Ley Bala’ aprobada por el Congreso de Puebla abría la puerta para que un agente policiaco pudiera emplear su arma de fuego o disuasiva si consideraba que una manifestación es violenta, sin parámetro ni restricción alguna”, abundó legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Dijo que las autoridades en el estado de Puebla desatendieron las razones de la protesta, cancelaron el diálogo y reprimieron con el uso desproporcionado de la fuerza pública sin importar la presencia de niños.

La senadora de la Peña destacó que la CNDH y organismos estatales de Derechos Humanos deben atender los reclamos de las organizaciones de la sociedad civil respecto a que es imprescindible la vigilancia de los preceptos que están aprobándose en los congresos locales ante una posible violación de los derechos humanos.

Señaló que es necesaria una legislación que regule el uso legítimo de la fuerza pública, pero ésta debe ser clara y evitar conceptos ambiguos y se debe reglamentar desde un enfoque de derechos humanos, acorde a los principios de oportunidad, congruencia, y proporcionalidad, “de otra manera, pronto estaremos lamentando otra tragedia si ante una protesta social acuden policías sin capacitación, con armas de fuego o disuasivas y las emplean de manera discrecional e irresponsable”.