Karime Macías, presidenta del del DIF estatal de Veracruz durante el gobierno estatal de su entonces esposo Javier Duarte de Ochoa, ganó el juicio por el presunto fraude específico de 114 millones de pesos en agravio de la institución estatal.

EL juicio lo perdió la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV), encabezada por Verónica Hernández Giadáns.

La Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado revocó la sentencia condenatoria contra dos excolaboradores de Macías dentro del Proceso Penal 45/2022 y el Toca Penal 145/2023, al determinar que la FGEV no acreditó la simulación de contratos con la que habrían desviado los recursos.

 La FGE, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, no logró sostener el caso de fraude por 114 MDP contra el DIF, ligado a #KarimeMacías.

- El TSJEV determinó que los dictámenes se basaron en presunciones y no en pruebas firmes. #Veracruz #JavierDuarte https://t.co/OxEkNzs0hx

— e-veracruz.mx (@econsulta_ver) August 18, 2025

Las magistradas Denisse de los Ángeles Uribe Obregón, María del Socorro Hernández Cadena y Patricia Molina Gimbernat resolvieron por unanimidad que “el material probatorio no es apto ni suficiente para justificar la existencia del ilícito de fraude específico”.

En la resolución se destacó que los dictámenes contables carecieron de evidencia documental y se sustentaron únicamente en presunciones, sin alcanzar el estándar penal de prueba “más allá de toda duda razonable”.

Aunque policías ministeriales y peritos señalaron la inexistencia física de algunas empresas proveedoras, la Sala concluyó que esos indicios no demostraban jurídicamente la simulación de contratos.

El fallo derivó de un amparo otorgado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, el cual ya había advertido irregularidades en la valoración de pruebas y ordenó reponer el procedimiento.

La decisión impacta directamente en el proceso contra Karime Macías, cuya extradición desde Reino Unido continúa detenida. La FGEV sostenía que, desde la presidencia del DIF ella organizó un esquema para desviar fondos públicos en complicidad con exfuncionarios.

Con esta resolución, el TSJE ordenó la libertad absoluta de los procesados y la cancelación de sanciones. En los hechos, el caso por el presunto fraude millonario quedó sin sustento judicial.

Con información de Alba Alemán (JRLM)