Familiares, activistas y colectivos instalaron un plantón afuera de la Casa de Justicia en San Andrés Cholula para exigir que Renato Romero Camacho, defensor del agua en la región de la Cuenca Libres–Oriental, no sea vinculado a proceso por los delitos de despojo agravado y daño en propiedad ajena.

La audiencia inicial, que estaba programada para las 15:30 horas de este miércoles 2 de julio, fue diferida para las 19:00 horas. Así lo confirmó su abogado, Tonatiuh Sarabia, quien declaró que tras revisar las más de 420 fojas de la carpeta de investigación, no encontró elementos que acrediten la existencia de un delito. Señaló que, por estrategia legal, no puede hacer públicos los detalles del expediente.

Sarabia anunció que solicitará la ampliación del término constitucional a 144 horas, a fin de preparar la defensa y revisar a fondo la carpeta.

Consideró que existen inconsistencias —a las que se refirió como “hierros”— y adelantó que podrían encontrarse más irregularidades al analizar con mayor profundidad el caso.

En entrevista con el medio Ángulo 7, el abogado señaló que, aunque Renato Romero se encuentra estable, presenta dos heridas grandes en ambas rodillas, lo que sugiere que durante su detención se utilizó fuerza física, por lo que podría haberse cometido una violación a sus derechos humanos.

La audiencia diferida se celebrará con el propósito de formalizar la imputación, presentar la solicitud de vinculación a proceso e imponer medidas cautelares.

La defensa anticipó que pedirá que el activista no sea vinculado y propondrá medidas alternas, como la firma periódica o una garantía económica.

Sarabia también subrayó que este proceso no responde a una lógica penal, sino a un conflicto político y social derivado de la defensa del agua.

Explicó que el delito de despojo no es considerado grave y que, conforme al procedimiento, Renato debió haber sido citado y no detenido.

La empresa Concesiones Integrales, conocida como Agua de Puebla, figura como parte denunciante.

Además de Renato, otros dos activistas también fueron denunciados y existen órdenes de aprehensión en su contra, todas relacionadas con la disputa por el uso del agua en la zona de San Miguel Xoxtla. (PSR)