El secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, afirmó que el gobierno estatal destinará recursos para rehabilitar los pozos en San Miguel Xoxtla, tras las protestas de habitantes que acusan abandono institucional y despojo del agua por parte de la empresa Concesiones Integrales.

En entrevista, señaló que, aunque ha sostenido reuniones con pobladores, los encuentros se han centrado en definir otras obras de apoyo comunitario, no directamente en el conflicto por la gestión hídrica.

El funcionario estatal destacó que se han iniciado asambleas con el objetivo de fortalecer el programa de guía comunitaria, el cual permitirá a los propios habitantes decidir qué tipo de apoyo requieren.

Insistió en que la administración estatal no permitirá que las comunidades generadoras del recurso queden sin agua: “Es ilógico extraer agua para otras zonas y dejar sin suministro a quienes la producen”, declaró.

 Tras las protestas en Xoxtla por la posible privatización del agua, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar anunció que el gobierno estatal destinará recursos para rehabilitar pozos y fortalecer el programa de guía comunitaria. Afirmó que no se permitirá dejar sin el… pic.twitter.com/yxCW2BcgrA

— Periódico e-consulta (@e_consulta) July 1, 2025

Sobre la rehabilitación de pozos, el funcionario precisó que ya se canalizan recursos para limpieza, mantenimiento y restauración de los sistemas de extracción, luego de que vecinos reportaran fallas, desabasto y pozos drenados. Aseguró que el objetivo es garantizar que el agua llegue en cantidad y calidad suficientes para los habitantes de Xoxtla.

La postura se da luego de que pobladores exigieron la cancelación de los contratos con la empresa Agua de Puebla para Todos. Además, denunciaron la falta de atención por parte de la presidenta municipal, Guadalupe Ortiz, así como la presencia de fuerzas federales.

Organizaciones como el Congreso Nacional Indígena y la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida respaldaron la protesta, al advertir que Xoxtla es ejemplo de cómo se violenta el derecho de las comunidades a decidir sobre sus recursos. (APP)