Ejidatarios del municipio de Santa Rita Tlahuapan se manifestaron nuevamente este miércoles frente a la Casa de Justicia de San Martín Texmelucan, luego de que se difirió la audiencia contra tres ex integrantes de la Comisaría Ejidal, acusados de desviar recursos otorgados como indemnización por la expropiación de terrenos para la construcción de la autopista México-Puebla.

De acuerdo con los manifestantes, en 2018, el gobierno federal destinó 176 millones de pesos como pago a los legítimos propietarios de los terrenos afectados por la obra.

Sin embargo, señalaron que el entonces presidente ejidal Carlos N., el tesorero Juan N. y la secretaria María Guadalupe N. habrían cobrado el monto y utilizado el dinero para fines personales, lo que dejó sin recursos a 14 ejidatarios que afirman ser los verdaderos afectados.

“Estamos en espera, hasta el momento no nos han dado solución (…). Se logró su detención y hasta ahora nos han diferido las audiencias”, expresó uno de los ejidatarios durante la manifestación.

Ejidatarios de Tlahuapan colocaron una lona con fotos de presuntos responsables en la Casa de Justicia de Texmelucan, acusándol0s de 'rater0s'.

La audiencia por la indemnización de tierras expropiadas para la autopista México-Puebla fue diferida.

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— Periódico e-consulta (@e_consulta) June 5, 2025

Los manifestantes colocaron una lona con imágenes de los ahora detenidos, a quienes acusan directamente de haberse apropiado del dinero. Además, denunciaron que un grupo de personas, sin acreditar la propiedad de parcelas, habrían recibido parte del recurso con apoyo de abogados que, según dicen, los engañaron.

En 2024, la entonces Fiscal Especializada en Investigación Regional confirmó que los tres implicados utilizaron los fondos para gastos personales hasta dejar la cuenta en ceros. Carlos N. fue el último en ser detenido, tras permanecer prófugo y ser ubicado en Querétaro, donde fue vinculado a proceso por el delito de abuso de confianza.

El conflicto ha provocado bloqueos intermitentes en la autopista México-Puebla, siendo el más prolongado el ocurrido en agosto de 2024, cuando los ejidatarios impidieron el paso por más de 24 horas.

Los afectados continúan exigiendo que se restituya el pago justo de la indemnización y que se esclarezca el destino del recurso. (APP)