Si una empresa en México despide a una persona sin justificación, la Ley Federal del Trabajo (LFT) exige el pago de una liquidación, que incluye tres meses de salario, prima de antigüedad y prestaciones proporcionales. Estos derechos aplican cuando la separación del puesto no se relaciona con el desempeño del trabajador.

De acuerdo con la LFT, la liquidación debe incluir tres conceptos básicos: indemnización constitucional (tres meses de salario), prima de antigüedad (12 días de salario por cada año trabajado) y el pago proporcional de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. En algunos casos, también se agregan otras prestaciones estipuladas en el contrato colectivo.

Este pago se diferencia del finiquito, que corresponde cuando una persona renuncia voluntariamente. El finiquito incluye vacaciones y aguinaldo proporcionales, pero no contempla la indemnización constitucional. La prima de antigüedad solo se entrega en caso de que el trabajador haya prestado servicios por más de 15 años a la empresa.

Las personas que son despedidas injustificadamente tienen dos opciones legales: solicitar su reinstalación en el puesto o reclamar una liquidación. La ley otorga un plazo de dos meses para presentar la demanda laboral, a partir del día siguiente en que ocurre el despido.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) brinda asesoría legal gratuita. Esta dependencia acompaña a las y los trabajadores para interponer demandas, resolver dudas y asegurar el cumplimiento de los derechos laborales. Las consultas pueden realizarse por teléfono, en línea o de forma presencial.

Existen calculadoras digitales confiables que permiten estimar el monto de la liquidación. Por ejemplo, si una persona trabajó cinco años con un salario mensual de 10 mil pesos, podría recibir entre 41 mil y 46 mil pesos, dependiendo de los conceptos incluidos. (LV)