Una “unión matrimonial” entre dos menores de 12 años se celebró en el municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, el 4 de mayo.

La ceremonia se realizó según las costumbres de la región. La pareja fue unida en un ritual avalado por líderes locales, pero no por el registro civil.

“Lo que pasó ahí fue una fiesta organizada por las familias para festejar que los jóvenes son novios y quizá se prometieron casarse en el futuro. No hubo ningún acto de matrimonio, ni formal ni informal”, afirmó el titular de la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil, Roberto Barreto Bohórquez.

El funcionario agregó que es ritual pudo haberse realizado en un contexto cultural donde se argumenta que estas uniones fortalecen lazos comunitarios.

Herlinda Tiburcio Cayetano, activista originaria de Tlacoachistlahuaca, afirmó que los matrimonios entre niños y su venta se han normalizado en las comunidades indígenas.

"Lo que ocurrió en San Pedro Cuitlapan pasa en todas las comunidades de Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca porque a mí me ha tocado ver y denunciar los casos ante las autoridades, pero nunca me hacen caso", dijo Tiburcio.

"Un aplauso a los padres de la novia, el señor Andrés Díaz Severo y a la señora Antonia García Santiago", se escucha en un video, mientras los dos niños bailan un vals.

Rechazo oficial

El Registro Civil de Guerrero aclaró que este tipo de uniones no tiene validez legal, ya que la ley mexicana establece 18 años como edad mínima para contraer matrimonio.

Tiburcio informó que residentes de Estados Unidos, originarios de Guerrero, compran niñas por una cantidad que ronda entre 400 mil y 600 mil pesos.

"La gente que vive en Estados Unidos deposita el dinero a los padres de la niña y ésta es enviada a ciudades fronterizas, donde el comprador paga al contrabandista de migrantes para que ella ingrese al territorio estadounidense", dijo la activista.

En abril de 2024, en Cochoapa El Grande, una niña fue privada de su libertad por cuatro días y liberada luego de que ella y su mamá prometieran devolver los 700 mil pesos que los padres de su esposo entregaron como dote, en 2022.

La menor de edad fue llevada a la Casa Hogar del DIF estatal en Chilpancingo y la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación por el delito de cohabitación forzada en contra de su madre y los padres de su esposo. (MCJ)