La reciente reforma al artículo 28 constitucional en materia de recursos estratégicos busca corregir un error histórico cometido hace más de dos décadas: el abandono del transporte ferroviario de pasajeros.

La administración de Ernesto Zedillo, al privatizar este sector en los años noventa, puso fin a la operación estatal de trenes de pasajeros y cedió el control a empresas privadas, como Ferromex y Ferrosur.

Estas compañías se enfocaron casi exclusivamente en el transporte de mercancías, desestimando el potencial de los trenes para mejorar la movilidad de millones de mexicanos. Hoy, con la reforma aprobada por el Congreso, se abre la puerta para recuperar este medio de transporte clave, que podría transformar nuevamente la conectividad de amplias regiones del país.

El artículo 28 de la Constitución define los sectores estratégicos que deben estar bajo control del Estado, precisamente porque su gestión impacta directamente en el bienestar de la población.

Agregar el transporte ferroviario de pasajeros a esta lista no es solo una medida pragmática; es un paso necesario para corregir la dirección que ha tomado el sistema ferroviario desde la privatización.

La reforma propone que el Estado retome un rol protagónico en la operación y construcción de infraestructuras ferroviarias para pasajeros, a través de asignaciones directas. Este cambio es un reconocimiento a los problemas de movilidad que enfrenta el país, sobre todo en regiones donde la infraestructura carretera y el transporte aéreo no son opciones accesibles para la mayoría. Además, refuerza los esfuerzos de integración nacional que ya se están realizando con proyectos como el Tren Maya y el Tren Transístmico, concebidos como motores de desarrollo regional y herramientas para reducir la desigualdad en el acceso a servicios de transporte.

El bloqueo reciente de las vías férreas en Puebla es un claro ejemplo de las fallas del sistema actual. Durante veinte días, estas vías permanecieron inactivas debido a un conflicto social, afectando el transporte de mercancías y demostrando lo vulnerable que es la infraestructura bajo el monopolio de unas pocas empresas. Este tipo de incidentes evidencian la falta de un enfoque integral que permita conciliar los intereses de las comunidades locales, los trabajadores y las empresas. A pesar de que el bloqueo se levantó, la falta de mecanismos efectivos para resolver estos conflictos sigue siendo un tema pendiente.

El reto ahora es garantizar que la reforma se implemente de manera efectiva. El gobierno deberá equilibrar el servicio de carga y pasajeros, y crear un sistema que realmente responda a las necesidades de la población, no solo a los intereses de las empresas. De lo contrario, corremos el riesgo de perpetuar un modelo que excluye a millones de personas de un servicio esencial, y que ha mostrado ser ineficiente en la gestión de problemas locales y en la integración de regiones clave del país.

@ACarvajal06