El cambio de régimen perpetrado por el presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum, Morena y sus aliados, como consecuencia de las reformas a la Constitución durante este mes de septiembre, representa un antes y un después en nuestra historia. Pasamos de una democracia a una autocracia electoral y populista.

La aprobación de la reforma judicial, la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena y permitirle que haga cualquier tipo de actividad civil, la desaparición de instituciones que garantizan derechos fundamentales como el acceso a la información pública, la protección de nuestros datos personales y la eliminación de los diputados plurinominales, en conjunto representan un cambio de régimen: se diluye la separación de poderes, se consolida el poder presidencial en una sola persona, se restringe la pluralidad, y se amenaza la pulcritud de las elecciones con una autoridad electoral que no será independiente.

Como economista e historiador económico, al mirar este periodo de los últimos treinta o cuarenta años (desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto), y pretendiendo usar una lente que nos permita visualizarlo a la distancia, me parece que sus características serán singulares. Por años se ha identificado este periodo como neoliberal, aquel en que México comenzó un “cambio de rumbo”, como lo bautizó Miguel de la Madrid en sus memorias.

A partir de entonces iniciaron una serie de reformas a la economía que liberaban precios y mercados, facilitaban el comercio y el movimiento de capitales, se protegía el valor de la moneda con un Banco de México autónomo, y se construyó la zona económica más grande del mundo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. También se ciudadanizó el Instituto Federal Electoral y se le dio autonomía y fuerza al Poder Judicial. Ciertamente, se liberalizó la economía y se afianzó la división de poderes, y desde esa perspectiva, estos años merecerían catalogarse como el periodo liberal revisitado, con una democracia incipiente y con libertades civiles y un gobierno acotado.

Sin embargo, dado lo que hemos visto en el gobierno de López Obrador, es probable que esa categorización deba modificarse para dar lugar a otra que dé cuenta de nuestra actual discontinuidad en la forma de gobierno y de la relación entre los ciudadanos y el poder público en México. Hoy tenemos un cambio de régimen. Visto en su perspectiva de largo plazo, de índole histórica, es muy probable entonces que al periodo que va de los años 1990 al 2018, se le catalogará como el periodo de la “democracia emergente”, o periodo democrático incipiente, que apenas duró unos 30 años, pero que abrió enormes perspectivas a futuro. Mejoró la educación, la salud y las oportunidades, pero no fue posible erradicar la pobreza ni consolidar la lucha contra la corrupción.

No hay duda que el poder presidencial se ha acumulado, que el Legislativo obedece al presidente a pie juntillas, y que estamos en proceso de declive y cooptación del Poder Judicial por parte del Ejecutivo. Los mexicanos estaremos sin contrapesos institucionales en ningún ámbito, con la espada de Damocles encima de nuestras cabezas (con un amplio menú de delitos que implican prisión preventiva sin mediación judicial, incluyendo la “defraudación fiscal”), y con el control de los datos personales de todos nosotros.

Prácticamente han borrado la autonomía de los gobiernos estatales (simplemente, revise la velocidad en que sus congresos han aprobado las reformas constitucionales). Los mexicanos seremos cada vez menos ciudadanos y más pueblo, con miedo y sin libertades. Tendremos menos posibilidades de defender nuestros derechos y no habrá quien nos los pueda garantizar. Además, la concentración del poder presidencial se apoya en las Fuerzas Armadas que ahora tienen muchos intereses particulares que defender, así como en una relación estrecha con cárteles del crimen organizado.

En una situación como ésa, no es fácil vislumbrar un cambio democrático en el mediano plazo. Todo parece indicar que este régimen va para largo y que su eventual caída será precedida por un deterioro prolongado, que las condiciones de bienestar y seguridad se vuelvan desesperadas a tal grado que expulsen a cada vez más mexicanos del país, y que la gente, en su desesperación, pierda el miedo a rebelarse, a jugarse incluso la vida por su libertad. No habrá un cambio antes. No podrá haberlo porque el propio régimen ha creado sus defensas y salvaguardas que parecieran insuperables. No hay mecanismos pacíficos para el cambio democrático.

Me da la impresión que estos escasos treinta años de democracia serán considerados por los historiadores como una excepción en nuestro devenir como nación, un efímero periodo de relativa democracia, en el que se hablaba de creación de ciudadanía y de derechos fundamentales realmente garantizados. El resto de nuestra historia, de por lo menos los últimos 150 años, han sido y serán en el futuro años de un partido dominante, de una autocracia personal o de partido, que habrá gobernado a la sociedad mexicana.