“Basta con que un hombre odie a otro para que el odio vaya corriendo hasta la humanidad entera”: Jean Paul Sartre (1905-1980), filósofo y escritor francés.

El político no basta con lograr un cargo en elección si no tiene idea clara de las expresiones y manifestaciones sociales, también de su quehacer como tal, para tener claridad de lo que es política pública social y nacional en cuanto soberanía.

Desde la imposición del neoliberalismo con Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, además de imponer reglas de desprender de la Constitución garantías sociales y de soberanía, se inicia el pragmatismo político en el PRI y PAN, es decir, hacerlos una amalgama de intereses desprendiéndoles de su identidad doctrinaria, y convertirlos en cómplices aliados de la tecnocracia.

Pérdida de soberanía que se traduce en despojo de tierras a campesinos, precariedad laboral y salarial, deterioro del sistema educativo, salud pública, Fobaproa, venta de sistemas de comunicación como Telmex, Imevisión en 1993, desgrane de CFE y PEMEX. La lista es larga como la corrupción lo permite.

En cuanto a la protesta social contra tales violaciones constitucionales, la respuesta violenta del Estado, aplaudido por la oligarquía cimarrona, protestas que la meritocracia de los aparatos de comunicación y sus periodistas y comentaristas, los tachaban de terroristas, provocadores, vándalos, guardando silencio o desvirtuando los hechos, a favor del sistema y sus patrones, quienes los favorecieron con millones de embutes; su silencio cómplice de los asesinatos, ejecuciones, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de ciudadanos y líderes sociales, nada. Desde ésa época, el extinto Jacobo Zabludovsky, López Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Riva Palacio, Alatorre, Aguilar Camín, Krauze, Adela Micha, son parte de la nómina orgánica, durante treinta y más años, a la fecha.

Las masacres de ciudadanos y campesinos en el neoliberalismo, resultan para las élites, “daños colaterales”, mientras la “modernidad” de la nación, lo justifica, Acteal, El Charco, Aguas Blancas... los 43. El obsequio a capitales extranjeros y unos cuantos burgueses mexicanos apátridas de millones de hectáreas para ser minas, también les permitió el despojo y contaminación de tierras, ríos, que derivan en empobrecimiento de campesinos y enfermedades. ¿Justicia? ¿Cuál?

Mientras el engranaje neoliberal avanzaba, su ambición les nubló la realidad nacional, muy a pesar de protestas y luchas sociales, la mentira por delante con el juego electoral de imponer a Vicente Fox, como “acto democrático”. Calderón y Peña, mantuvieron y perfeccionaron la privatización y represión. Mantuvieron a los aparatos de comunicación en la misma línea de flotación del embute, grandes fortunas los “hacen los mejores periodistas”. mientras sean apologistas del mal. La lista se amplía con Carmen Aristegui, Azucena Uresti, Loret... en Puebla, en radio es donde mayor presencia ejercen los orgánicos diariamente, cuyo papel es mentir, difamar, vituperar, como también alabar a la oligarquía cimarrona y sus partidos políticos afines, como en Radio Oro, en su noticiario de la mañana, también Fernando Canales.

En 2018, al mismo tiempo que ganaba la Presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, se refuerza y surge con más ahínco la tendencia de enfrentarlo con todas sus fuerzas de parte de la oligarquía cimarrona, junto con agrupaciones políticas de tendencia de derecha y haciendo nacer Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), cuyo propietario es Cladudio X. González Guajardo, quien contrató a Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, para que asesoraran en la formación de una tríada PRIANRD, que sirvieran como ariete político contra el gobierno federal, además de propuestas legislativas ante el aparato legislativo, así como campañas permanentes de vituperios y mentiras.

No contento con esa guerra de baja intensidad, X. González recurre a un aparato llamado Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE), un entramado de organizaciones disfrazadas de sociedad civil para atacar las principales obras de infraestructura del gobierno federal, es decir, un lawfare que se sirve de relaciones políticas, económicas afines desde y con la SCJN, como la utilización del sistema jurídico para desacreditar y perseguir a enemigos políticos. Se utiliza al Poder Judicial para intervenir en el campo de las decisiones políticas y legislativas.

Conforme avanza el sexenio, la meritocracia económica y política, junto con el aparato judicial y mediático, al no poder minar la confianza y aceptación social con la 4T y el presidente, la patología de odio los impulsa a una mayor guerra de baja intensidad en todas sus formas y métodos, donde el aparato jurídico refuerza el lawfare obsequiando 950 amparos contra obras de gobierno como en el Tren Maya, o sobre libros de texto, como ejemplo. No conformes, en el pago de impuestos también recibieron beneficios de aletargar todo proceso, como es el caso de Ricardo Salinas Pliego. Para demostrar su “fuerza”, el sistema judicial aplicó “sabadazos”, liberando a criminales confesos y en proceso, con diversos argumentos “legales”.

En el proceso electoral de 2021, la primera prueba de que su maquinaria política, mediática y económica, sumando al INE e INAI, no pudieron minar presencia de la 4T, al contrario, queda claro que su erosión es tangible, lo que los obliga a establecer estrategias tendientes a 2024, siendo que la directora de CNLE, Mariana Calderón Arámburu (exconsejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, excolaboradora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ponencia del ministro José Ramón Cossío, y actual directora general del CNLE), y los abogados Andrea Viloria García y Alejandro Martínez Martínez, recurrieron con los consejeros y consejeras y se asociaron a la ONG de Claudio X para litigar contra el Senado de la República en cuanto a diversos temas de acciones de gobierno federal.

Los distintos gobiernos norteamericanos, recurren a creación de organizaciones con supuestos fines de brindar “desarrollo económico y social” en países subdesarrollados; en los hechos es mantener presión y fomentar desestabilización política, económica y social a naciones que no se apeguen a intereses gringos, incluso, golpes de Estado. En México, la USAID se apega a esa política usando a MCCI como caballo de Troya contra el gobierno de AMLO, financiando y dictando políticas, al grado de que periodistas, columnistas, “intelectuales”, también la quincena es saludable.

Xóchitl Gálvez fue el fallido experimento de pretender sembrar una candidata con perfil “ciudadano y popular”, el error parte de la oligarquía que jamás alcanzó a dimensionar el rechazo social contra el experimento, lo que derivó en frustración y sin poder atinar una explicación de origen, al grado de que la pérdida electoral implica mayoría relativa en ambas cámaras legislativas, y la respuesta es evidenciar y exigir paridad de cargos.

Las concentraciones en el Zócalo promovidas por el empresario Claudio X. González Guajardo desde 2022, a través de diversas asociaciones civiles supuestamente apartidistas. Con la denominación de “Marea Rosa” han tenido diversos objetivos, que van de “defensa del INE”, a exigirle “no a la sobrerrepresentación”, tarea que está definida, así como la calificación de la designación de Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

La negación de la oposición, de Claudio y la SCJN de reformar el aparato judicial propuesto por AMLO en 2022 fue negada, condición que hoy se manifiestan en que el aparato judicial, encabezado por Norma Piña, lo cual motiva una revuelta de empleados para que no se apruebe reforma judicial, sin considerar que es el pueblo quien votó por y para ejercer su derecho negado en décadas. Considerando que el proyecto de dictamen que prevén discutir los diputados federales el próximo lunes contempla más de cien cambios a la propuesta original del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero mantiene la propuesta que ha causado polémica de elegir por el voto popular a los más de mil 700 jueces, magistrados y ministros.

Marea Rosa, SCJN, sindicatos empresariales, unen fuerzas para que se “detengan las amenazas contra sus derechos”, es decir, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), las concentraciones en el Zócalo promovidas por el empresario Claudio X. González Guajardo, promueven más marchas que conforman la llamada Marea Rosa convocando este lunes a una nueva marcha para el próximo 8 de septiembre en contra de la Cuarta Transformación (4T), a fin de mostrar su “respaldo y exigencia” a los legisladores de oposición “para que voten a favor de la democracia y en contra del autoritarismo”. Movimientos de Marea Negra.

La Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el mayor y más influyente foro de movimientos de derecha del mundo, que se realizará el 24 de agosto en la Ciudad de México, convoca a representantes de varios países, entre ellos el presidente Javier Milei, pero, ante críticas en su país, no estará presente. La CPAC es financiada por Donald Trump.

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