Después del proceso electoral del domingo 7 de julio se prevé un incremento en las agresiones a los pueblos serranos que se oponen a los proyectos mineros e hidroeléctricos que se buscan detonar en la zona, denunciaron integrantes del Consejo Tiyat Tlali.

Hasta ahora las empresas y las autoridades se han mantenido "mesuradas" por el proceso electoral, pero la situación podría empeorar a partir de la próxima semana, indicó Sarai Rivadeneira Morales, integrante del consejo.

Uno de los casos más "descarados" de agresiones contra los pobladores es el de Olintla, tanto por parte de la empresa Grupo México como del propio presidente municipal. La confrontación más reciente se dio en la comunidad Santa Catarina de este municipio, por donde se intenta ingresar la maquinaria para la construcción de la planta hidroeléctrica en el río Ajajalpan. Hace unas semanas el personal de Grupo México atravesó los terrenos de cultivo de los habitantes sin pedir permiso e incluso intentaron agredir a un poblador que les impedía el paso, narró Rivadeneira Morales.

Hay versiones de que los grupos de la sierra se han radicalizado, pero hay que recordar que son ellos los que han sido agredidos y sólo buscan defenderse, añadió la activista.

Algunas de las acciones implementadas por los pobladores es firmar actas de asambleas comunitarias, en las cuales se manifiesta el rechazo total de la población hacia este tipo de proyectos, como ya lo hicieron Ixtacamaxtitlán, Ignacio Zaragoza, Zoquiapan y Zautla.

Sin embargo, este tipo de documentos son ignorados por las autoridades, lamentó al tiempo de referir el caso de la mina La Lupe, ubicada en Zautla. Pese a que en noviembre del año pasado los habitantes de las 32 comunidades de este municipio manifestaron su rechazo y expulsaron a la empresa JCD Minerals, en fechas recientes la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobó el Manifiesto de Impacto Ambiental para que la transnacional china retome los trabajos.

Además, los pobladores han invitado a los candidatos de todos los partidos políticos a que firmen documentos públicos en los que manifiesten su rechazo a las mineras e hidroeléctricas, y si bien la mayoría ha aceptado este acuerdo, es sólo un compromiso electoral, que pueden no llevar a la práctica, reconoció la activista.

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