El Movimiento de Alternativa Social (MAS) reiteró la exigencia de juicio político contra el gobernador Rafael Moreno Valle, la renuncia de Facundo Rosas, secretario de Seguridad Pública y la destitución de Luis Maldonado Venegas como titular de la Secretaría General de Gobierno por el asesinato del niño José Luis Tehautlie Tamayo, hecho que debe ser considerado como crimen de Estado.

A través de un comunicado se indicó que el hecho de que funcionarios de la Secretaría de Gobernación de Puebla e integrantes de la Coordinación Estatal por la Defensa de la Identidad de los Pueblos y el movimiento de Los de Abajo hayan sostenido una reunión y logrado un acuerdo, no implica que el MAS se desista de la demanda de enjuiciar al mandatario poblano.

“El MAS confirma la posición que ha manifestado desde que se suscitaron los hechos ocurridos el 9 de julio en la carretera Puebla-Atlixco cuando policías estatales reprimieron a los habitantes de Chalchihuapan con balas de goma, práctica que ha sido recurrente según se ha documentado por la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla en la Recomendación 60/2011 durante el desalojo de un predio ubicado en la ex Hacienda de Atlamaxac, en el municipio de Chignahuapan, en diciembre del 2011 y en el expediente 5574/2009-C, recomendación 29/2010”.

En el documento se indicó que los integrantes del MAS repudian las conclusiones de la Procuraduría General de Justicia sobre el peritaje de la muerte del menor de 13 años explicando que la herida que le llevó a la muerte fue causado por “una onda expansiva”.

Lamentaron la falta de seriedad en las investigaciones que “tienen como principal afán del gobierno poblano de realizar un litigio en los medios, utilizando videos editados, versiones contradictorias y parciales, e imputaciones a las víctimas”.

Consideraron que existe falta de imparcialidad, de independencia en las investigaciones tanto de la Procuraduría local como la Comisión Nacional de Derechos Humanos por existir conflictos de interés por parte de Juan Pablo Piña Kurczyn, quien fungió como Sexto Visitador General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y trabajó como secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública estatal.

“Solicitamos que sean expertos independientes quienes realicen las investigaciones y peritajes a fin de llegar a la verdad de los hechos y reiteramos que el gobernador debe ser llevado a tribunales”.