La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó formalmente a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla un informe sobre las denuncias de violaciones a las garantías individuales por parte de la policía estatal en los operativos de San Bernardino Chalchihuapan, contra los ex trabajadores del “Hospital del Niño Poblano”, así como los que se realizaron en los casos de los proyectos Arco Poniente e Integral Morelos.

Asimismo, demandó a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas que, “atendiendo al principio de confidencialidad y reserva de información, envíe un informe sobre los criterios que se utilizan en los protocolos de actuación de la policía estatal de Puebla, asimismo se enfatice la manera en la que se ha implementado en los operativos realizados en la entidad en fechas recientes”.

En el dictamen de la Primera Comisión que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria, se establece que “parte del descontento social en Puebla, se ha derivado de diversas políticas empleadas por el gobierno actual y culminado en decretos y leyes que cuentan con el visto bueno del Congreso estatal”.

El dictamen agrega que “los operativos de las instituciones policiales, tanto estatales como municipales en Puebla, han sido implementados con excesos y abusos de autoridad evidentes, los protocolos de actuación no se desarrollan en el marco al respeto de los derechos humanos y se realizan detenciones arbitrarias, sin exhibir órdenes de aprehensión y por sujetos en vehículos imposibles de identificar”.

En el apartado cuarto de los antecedentes, el dictamen narra que “en Puebla se pretenden realizar y terminar diversos megaproyectos que por sus especiales características requieren de una fuerte inversión y de la disponibilidad de terrenos que hoy se encuentran en propiedad de los pueblos campesinos”.

“No obstante de ello –agrega–, en ningún momento se ha realizado la apropiada consulta de las comunidades indígenas, no se ha presentado una mesa de diálogo con los inconformes y se ha soslayado el interés popular para conocer la viabilidad social, cultural y ecológica de dichos megaproyectos así como lo establece el convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)”.

Los resolutivos

A la luz de estos argumentos, la Primera Comisión aprobó los siguientes resolutivos:

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla que remita un informe a esta Soberanía sobre las diversas  denuncias sobre presuntas  violaciones  a los derechos humanos por parte de la policía estatal en los operativos que lleva a cabo en la entidad, así como sobre la posible violación a  los derechos de los ex trabajadores del “Hospital del Niño Poblano”, por la extinción de este organismo público descentralizado.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla que, atendiendo al principio de confidencialidad y reserva de información, envíe un informe a esta Soberanía sobre los criterios que se utilizan en los protocolos de actuación de la policía estatal del Estado de Puebla, asimismo se enfatice la manera en la que se ha implementado en los operativos realizados en la entidad en fechas recientes.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informe a esta Soberanía sobre actos que puedan violentar los derechos humanos, relacionados con los proyectos Arco Poniente y Proyecto Integral Morelos.