En Puebla, solo hay una empresa inmobiliaria que cumple con los requisitos establecidos dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-247-SE-2021 para proteger a los consumidores interesados en adquirir una casa habitación, protección que abarca desde la información con la que se publicita el inmueble hasta el contrato de compra-venta.

En entrevista para e-consulta, Miguel Ángel Ruíz Vargas, quien se certificó como asesor para otorgar esta certificación, señaló que esta norma ha sido ignorada por miles de empresas inmobiliarias ante los ojos de una autoridad que tampoco exige que se cumpla.

La NOM busca sobre todo proteger al consumidor de malas prácticas y aplica únicamente para la compra y venta de casa habitación, es decir, está dirigida a un mercado en específico, así lo dio a conocer.

Dicha norma entró en vigor el 19 de septiembre de 2022 y fue publicada bajo el título “Prácticas comerciales-Requisitos de la información comercial y la publicidad de bienes inmuebles destinados a casa habitación y elementos mínimos que deben contener los contratos relacionados.”

Aseveró que se trata de una obligación por parte de todos los inmobiliarios al ser una Norma Oficial Mexicana, sin embargo, solo tres empresas en todo el país otorgan esta certificación, entre ellas su empresa Vercomer SA de CV, la cual está establecida en Puebla.

El ingeniero reveló que, para el cumplimiento de la NOM, es necesario acatar una serie de 150 requisitos, entre ellos, registrar los contratos de compra-venta ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), organismo que debería vigilar el cumplimiento de la misma.

Señaló que, lamentablemente, la norma no solo se enfrenta a la negativa de las empresas para certificarse, sino a la indiferencia de la Profeco para verificar que las inmobiliarias cuenten con el requisito para continuar operaciones.

“Aunque se aplique una ley inmobiliaria en Puebla, si no hay quien la regule, no se va a cumplir,” indicó, al tiempo que aseguró que la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios espera que dicha ley logre cumplirse en el estado.

Lo anterior principalmente porque, aunque las empresas no acaten las normas, el organismo regulador, que es Profeco, no se da abasto en las revisiones, con todo y que las multas para las empresas que no cumplan llegan hasta el millón 300 mil pesos.

De por lo menos 2 mil inmobiliarias en el estado, solo 400 cuentan con registro ante el AMPI, y de éstas solo una empresa cuenta con el certificado de la norma, lo que equivale al 0.05 por ciento.

El ingeniero señaló que la certificación no tiene un costo elevado, el cual es de alrededor de 2 mil pesos, por lo que señaló que la negativa de las empresas inmobiliarias se trata más bien de enfrentar el cumplimiento de los requisitos.

Por el lado del consumidor, Ruíz Vargas indicó que la no dictaminación puede generar fraudes, pérdidas del patrimonio o incluso encontrar diversas sorpresas, como podrían ser otros costos no anunciados en la publicidad del predio.

A pesar de que los clientes tienen esa protección a través de la NOM 247, el desconocimiento de la misma genera que los compradores no puedan acudir a las autoridades a denunciar los fraudes. (JC)